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La Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1950

El año de 1950 estuvo lleno de éxitos para la todavía entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, ubicada en San Ildefonso. Todavía faltaban dos años más para su traslado a la actual Ciudad Universitaria. El director era el doctor don José Castillo Larrañaga.

El maestro don Luis Garrido Díaz, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, describió el estado de la Escuela en el informe que rindió al Consejo Universitario durante ése mismo año.

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Reformas a las Leyes de Ciencia y de Educación son sólo un pequeño paso para un país que necesita un gran salto

Por Alberto Apanco:

De acuerdo a la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), que realiza la OCDE, México ocupa el último lugar en matemáticas, lectura y ciencias. Esta prueba se realiza a estudiantes de los países miembros de dicha organización. 

Este resultado es causado por la falta de interés por parte de los gobiernos a todos los niveles en invertir en rubros como la educación y la tecnología; lamentablemente, no son sectores en los que se puedan ver resultados inmediatamente por lo que no son atractivos para los gobernantes. En un país con tantas deficiencias como el nuestro, con tanta desigualdad social y corrupción, la educación parece ser la única salida.

Los países que han logrado un mayor desarrollo en el aspecto económico son, sin duda alguna, los que han convertido el conocimiento en el factor más importante de la producción. Vivimos en una era en que la tecnología avanza rápidamente y los procesos de producción cambian constantemente, sólo los países que posean el conocimiento y las herramientas para crear e innovar nuevos procesos lograrán el tan esperado desarrollo.

En mayo del presente año fue publicado el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entre las modificaciones más importantes tenemos las siguientes:

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

Artículo 2.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. […] En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

Artículo 3.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 6.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna. 

Artículo 8.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

Artículo 33.- IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres.

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Artículo 2.- Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes:

[I. …] II. Promover el desarrollo, la vinculación y diseminación de la investigación científica que se derive de las actividades de investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico de calidad y la innovación, asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y, en su caso, mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Así como convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad. 

Capítulo X. Del Acceso Abierto, Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación y del Repositorio Nacional Artículo 64. El CONACyT diseñará e impulsará una estrategia nacional para democratizar la información Científica, Tecnológica y de Innovación, con el fin de fortalecer las capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y población en general. La estrategia buscará ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación nacional e internacional a texto completo, en formatos digitales. Las instituciones de educación superior y Centros de Investigación podrán constituir Repositorios por disciplinas científicas y tecnológicas u otros que se determinen, a fin de diseminar la información científica y tecnológica que se derive de sus productos educativos y académicos, y en general de todo tipo de investigaciones que realicen, cualquiera que sea su presentación, de acuerdo con criterios de calidad y estándares técnicos que emita el CONACyT. Dichos Repositorios podrán establecerse a nivel de las instituciones y centros de investigación o mediante la creación de redes o asociaciones con otrasinstituciones, por disciplinas, por regiones u otros. El CONACyT emitirá los lineamientos a que se sujetarán los Repositorios a que se refiere la presente Ley.

Es evidente que estas reformas son muy buenas, sin embargo, debemos ser escépticos al respecto ya que tenemos un camino muy largo por recorrer. Según información de la OCDE, México no es sólo el país con mayor rezago educativo, es también el que menos invierte en los rubros de educación, ciencia y tecnología. México invirtió en 2010 el 5,2% del PIB en educación, mientras que Dinamarca invirtió el 8.8% e Islandia el 7.6%. Hay países que invirtieron menos en su educación, como Japón que aportó el 3.8, lo que nos indica que no sólo se debe invertir en educación sino que se debe saber distribuir el gasto y, en el caso de México, que ocupa uno de los primeros lugares en corrupción a nivel mundial, se deben transparentar los recursos destinados a la educación.

Por todo lo anterior, podemos concluir que las reformas son sólo un pequeño paso hacia el desarrollo. Debemos dar un brinco y realizar cambios sustanciales para poder aspirar a convertirnos en un país más equitativo no sólo económicamente, también a nivel social.

Mientras esto no suceda, estaremos destinados a repetir los errores que tanto nos han rezagado.

«Si queremos corregir la pobreza, la desigualdad y la corrupción que aquejan al país, la solución tiene que pasar por el campo de la educación. Sin educación no hay futuro promisorio». 
José Narro al inaugurar el XI Congreso Nacional de Investigación Educativa el 11 de agosto de 2011.

Apuntes acerca de la Ley General en materia de delitos electorales

Por Alberto Apanco:

Hoy en día nuestro país está constituido como una república representativa, democrática, laica y federal, y así lo establece el artículo 40 de nuestra carta magna. Una república democrática se distingue por ser un régimen cuya legitimidad brota de la voluntad de los ciudadanos, donde no impera la disposición arbitraria sino la ley, en el que hay separación de poderes, donde los cargos públicos son temporales y rotativos, y en el que para su funcionamiento los individuos participan, en ocasiones directamente y en otras por medio de representantes.

Esta república democrática, ha sido el trabajo de centenares de años, de mucha sangre derramada por el pueblo para terminar con los gobiernos opresivos y que no representan realmente el espíritu de la constitución. La validez de la república mexicana, depende cien por ciento de la soberanía que ejerce el pueblo de hacer valer su voz a través de los representantes que dirigen las Instituciones establecidas. Seguir leyendo

“Los postulados del abogado” de Carlos Arellano García

El inolvidable maestro don Carlos Arellano García, derivado de años de estudio, reflexión y práctica profesional, nos ofrece lo que a su saber, deben ser los principios rectores de la actividad del abogado.

Para tal propósito, Arellano García apunta que la idea principal y lo que lo inspiró a redactar una guía para el ejercicio profesional de la abogacía, fue que toda profesión requiere de teoría y práctica, que en la noble profesión del abogado se ha incurrido en el abandono de la enseñanza de lo pragmático jurídico y que detectó que existía la necesidad de libros que difundieran la lecciones que la vida real imparte al profesional, además de que, como él lo menciona, era su deseo el “coadyuvar a la atención de ese requerimiento”. Seguir leyendo

El radiante imperio de la ley

Por Alejandro Rosas.

Si el éxito de un país se midiera por su capacidad para redactar la mejor definición de ley, México estaría a la vanguardia de las naciones del orbe. A lo largo de 200 años no han faltado grandes y elocuentes expresiones para definirla, siempre con la intención de ordenar, de encauzar, de dirigir, de organizar al país e invariablemente en todo momento con la misma retórica: para beneficio del pueblo. Seguir leyendo

Trascendencia de la Reforma en la Ley General de Cambio Climático

Por Alberto Apanco:

De las constantes reformas que se han efectuado este año, y en el entorno político que se vive en el país, donde las reformas constitucionales en materia electoral, telecomunicaciones, derechos humanos y laboral por mencionar algunas, han acaparado los reflectores, se dejan de lado temas que merecen igual importancia y su falta de difusión refuerza la justificación de las recientes reformas en materia ambiental.

La reforma al artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático publicado el 7 de mayo del presente año en el Diario Oficial de la Seguir leyendo

Ley Federal de Competencia Económica

Por Alberto Apanco:

Avance sustantivo al rezago histórico en la materia

El desarrollo económico de una nación, necesariamente se encuentra vinculado a la productividad de las empresas, a la libre competencia y al acceso a bienes y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. En México, sin duda alguna, uno de los principales obstáculos para lograrlo ha sido la libertad de mercado y el pobre desarrollo en algunos sectores de la economía debido en parte a la falta de leyes que promuevan la competencia entre los agentes económicos. Seguir leyendo

Apuntes sobre la Ley Telecom

Por Alberto Apanco:

Se ha dicho mucho sobre las implicaciones de la nueva Ley de Telecomunicaciones promulgada el día de ayer por el presidente Peña Nieto y tal vez sería recomendable atender los puntos más importantes de la misma. Este artículo es el primero de seis en donde resumiremos las áreas de más relevancia de esta ley.

  1. Objetivos de la Ley de Telecomunicaciones
  2. El régimen de concesiones
  3. ¿Esta ley atenta contra la privacidad de los ciudadanos?
  4. Protección y tratamiento de datos personales por parte de concesionarios y autoridades
  5. Los concesionarios y su colabroación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública
  6. Derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones
  1. Objetivos de la Ley de Telecomunicaciones

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y sus leyes secundarias, tiene los siguientes objetivos:

  1. Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicasy fenómenos de concentración.
  2. Regular el organismo público denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pasarán a este organismo público los recursos humanos, financieros y materiales del organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

III. Establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las de uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias e indígenas.

  1. Regular el derecho de réplica.
  2. Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosao subrepticia.
  3. Establecer los mecanismos que asegurenla promoción de la producción nacional independiente.

VII. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, consistentes con los principios de competencia, para el efecto de que los operadores de radiodifusión o telecomunicaciones no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. Cada concesionario deberá fijar tarifas mínimas, consistentes con los principios de competencia, para la emisión de anuncios, las cuales serán presentadas ante la autoridad para su registro público.

VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, garantizado el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas.

  1. Crear un Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, integrado por miembros honorarios y encargado de fungir como órgano asesor en la observancia de los principios establecidos en los artículos 6o. y 7o. constitucionales.

Otro hecho que hay que destacar es que de conformidad con el artículo décimo segundo transitorio de la multicitada reforma constitucional de telecomunicaciones se han creado Juzgados y Tribunales Federales especializados:

“DÉCIMO SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior.”

  1. El régimen de concesiones.

En la nueva Ley se establece un régimen para el uso eficiente del espectro radioeléctrico y régimen de concesiones. El  artículo 28 constitucional establece que las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas.

  1. Se prevé que las concesiones podrán ser de cualquiera de los cuatros tipos y se hace una diferenciación entre ellas:
  2. Según se persiga fin de lucro (comerciales)
  3. Para fines públicos (públicas)
  4. Para satisfacer necesidades de comunicación propias o experimentales (privadas)
  5. Para fines culturales, educativos o sociales (que incluyen lascomunitarias e indígenas)

Respecto a la seguridad nacional, los concesionarios de telecomunicaciones deberán:

  1. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes.

Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, escuchando a las autoridades establecerá los lineamientos que los concesionarios y, en su caso, los autorizados deberán adoptar para que la colaboración a que se refiere esta Ley con dichas autoridades, sea efectiva y oportuna.

  1. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permita identificar con precisión los siguientes datos:
  2. Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor.
  3. Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados).
  4. Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destinode las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago.
  5. Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duraciónde la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia.
  6. Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio.
  7. En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor.
  8. La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas.
  9. La obligación de conservación de datos comenzará a contarse a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.

Para tales efectos, el concesionario deberá conservar los datos referidos anteriormente durante los primeros doce meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos. Concluido el plazo referido, el concesionario deberá conservar dichos datos por doce meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades competentes se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la solicitud.

La solicitud y entrega en tiempo real de los datos referidos en este inciso, se realizará mediante los mecanismos que determinen las autoridades a que se refiere el artículo 189 de la Ley, los cuales deberán informarse al Instituto.

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control.

  1. ¿Esta ley atenta contra la privacidad de los ciudadanos?

concesionarios de telecomunicaciones y de algunas organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de que el capítulo sobre colaboración con la justicia atenta contra derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de información, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, privacidad de las comunicaciones y la libertad de asociación.

Esta nueva Ley establece que la colaboración que prestarán los concesionarios, los autorizados y los proveedores de servicios de telecomunicaciones, solo será para aquellas autoridades que cuentan con facultades para requerir información, localización o intervención de comunicaciones. Y asertivamente elimina aquellas porciones normativas de la iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo, que pudieran considerarse intrusivas o invasivas a los derechos y libertades de las personas, dada la interpretación que algunas organizaciones realizaron sobre el texto de la iniciativa y que generaron desconfianza sobre su posible aplicación.

Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. En este orden de ideas distinguimos que sólo la autoridad judicial federal es quien puede ordenar la intervención de las comunicaciones privadas, a solicitud del ministerio público y no aleatoriamente como se ha dicho en algunos medios.

  1. El tratamiento de datos personales de los ciudadanospor parte de concesionarios y autoridades a todos los niveles.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley respecto a la protección, tratamiento y control de los datos personales en posesión de los concesionarios o de los autorizados, será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares:

III. Entregar los datos conservados a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de la Ley que así lo requieran conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables.

Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en la ley, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten.

  1. Las responsabilidades de los concesionarios respecto a lacolaboración con el Sistema de Nacional de Seguridad Pública.

Los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán colaborar con las autoridades e instancias correspondientes en materia de seguridad nacional. Esta colaboración se hará de conformidad con las leyes, es decir, deberá atenderse a las facultades que las leyes especiales otorgan a las autoridades para dichos efectos, con lo  que se da seguridad jurídica a los concesionarios; y se está de acuerdo con flexibilizar la entrega de la información por parte de los concesionarios para que se haga en línea la referida a la que almacenan por los primeros 12 meses, y por lo que se refiere a la de los 12 meses consecutivos podrá ser almacenada y entregada dentro de las siguientes 72 horas.

Lo anterior está contenido en el Título Octavo, denominado “De la colaboración con la Justicia” y en el cual se establecen todos los lineamientos que regirán lo anterior, regulados a partir del artículo 189.

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes.

Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a entregar la información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente.

Los concesionarios deberán:

  1. Contar con un área responsable disponible las 24 horas del día y los 365 días del añopara atender los requerimientos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas.

Para efectos de lo anterior, los concesionarios deberán notificar a los titulares de las instancias a que se refiere el artículo 189 de la Ley el nombre del responsable de dichas áreas y sus datos de localización; además deberá tener facultades amplias y suficientes para atender los requerimientos que se formulen al concesionario o al autorizado y adoptar las medidas necesarias. Cualquier cambio del responsable deberá notificarse previamente con una anticipación de veinticuatro horas.

  1. Establecer procedimientos expeditos para recibir los reportes de los usuarios del robo o extravío de los equipos o dispositivos terminales móviles y para que el usuario acredite la titularidad de los servicios contratados. Dicho reporte deberá incluir, en su caso, el código de identidad de fabricación del equipo.

III. Realizar la suspensión del servicio de los equipos o dispositivos terminales móviles reportados como robados o extraviados a solicitud del titular.

Los concesionarios deberán celebrar convenios de colaboración que les permitan intercambiar listas de equipos de comunicación móvil reportados por sus respectivos clientes o usuarios como robados o extraviados, ya sea que los reportes se hagan ante la autoridad competente o ante los propios concesionarios.

  1. Realizar el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil que funcionen bajo cualquier modalidad reportadas por los clientes, utilizando cualquier medio, como robadas o extraviadas; así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables.
  2. Colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.

El bloqueo de señales se hará sobre todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación y en ningún caso excederá de veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos. En la colaboración que realicen los concesionarios se deberán considerar los elementos técnicos de reemplazo, mantenimiento y servicio.

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.

  1. Implementar un número únicoarmonizado a nivel nacional y en su caso, mundial, para servicios de emergencia, en los términos y condiciones que determine el Instituto en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública bajo plataformas interoperables, debiendo contemplar mecanismos que permitan identificar y ubicar geográficamente la llamada y mensajes de texto de emergencia.

VII. Informar oportuna y gratuitamente a los usuarios el o los números telefónicos asociados a los servicios de seguridad y emergencia que determine el Instituto en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como proporcionar la comunicación a dichos servicios de forma gratuita.

VIII. En los términos que defina el Instituto en coordinación con las instituciones y autoridades competentes, dar prioridad a las comunicaciones con relación a situaciones de emergencia.

  1. Realizar, bajo la coordinación del Instituto, los estudios einvestigaciones que tengan por objeto el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan inhibir y combatirla utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas a la seguridad nacional. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones podrán voluntariamente constituir una organización que tenga como fin la realización de los citados estudios e investigaciones. Los resultados que se obtengan se registrarán en un informe anual que se remitirá al Instituto, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal.
  2. Los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

Los usuarios de todo servicio de telecomunicaciones tienen derecho:

  1. consultar gratuitamente el saldoen el caso de servicios móviles de prepago y sin condicionamiento a comprar saldo adicional.
  2. A la protección de los datos personalesen términos de la leyes aplicables.

III. A la portabilidad del número telefónico dentro del plazo que determine el Instituto y la cual será gratuita.

  1. A elegir libremente su proveedor de servicios.
  2. A contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los modelos de contrato de adhesión registrados ante la PROFECO a través de medios electrónicos, incluyendo la página electrónica del concesionario o autorizado, sin perjuicio de recibirlas por otros medios.

La PROFECO verificará que en los contratos de adhesión se establezcan penas razonables en caso de cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor, y de suspensión temporal del servicio por falta de pago. En estos supuestos, se verificará que los pagos de saldos insolutos o no devengados de equipos, así como de los cobros de reconexión por suspensión sean razonables y proporcionales al incumplimiento de la obligación respectiva. En ambos casos cuidará las particularidades de los diferentes paquetes y planes comerciales, de forma que no generen costos adicionales al proveedor.

La PROFECO verificará que los usuarios y consumidores puedan celebrar y cancelar los contratos de adhesión, mediante mecanismos expeditos, incluidos los medios electrónicos. A través de dichos medios electrónicos se podrá cancelar el contrato a su término.

  1. A la libre elección y no discriminación en el acceso a los servicios de internet.

VII. A que le provean los servicios de telecomunicaciones conforme a los parámetros de calidad contratados o establecidos por el Instituto.

VIII. A ser notificado por cualquier medio, incluido el electrónico, de cualquier cambio en las condiciones originalmente contratadas.

  1. A exigir el cumplimiento forzoso del contratocuando el proveedor del servicio modifique las condiciones originalmente contratadas y en caso de que no las cumpla a rescindir el mismo.
  2. A rescindir el servicio contratado o cambiar de paquete o plan en forma anticipada pagando el costo remanente del equipo.
  3. A solicitar y obtener el desbloqueo del equipo terminalcuando concluya la vigencia del contrato o se haya liquidado su costo.

XII. Al desbloqueo del equipo terminal móvil cuando lo pague de contado, liquide su costo o venza el plazo inicial de contratación, en cualquier supuesto el concesionario o autorizado le deberá proporcionar la clave de desbloqueo.

XIII. A la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos imputables al concesionario o autorizado, conforme a lo establecido en los contratos o cuando así lo determine la autoridad competente.

XIV. En la prestación de los servicios de telecomunicaciones estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

  1. A la manifestación de las ideas, al acceso a la información y a buscar, recibir y difundir información e ideas en los términos que establece la Constitución y las leyes aplicables.

XVI. A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha.

XVII. A que cuando se haya suscrito un contrato de adhesión, sólo se pueda cambiar a otro por acuerdo de las partes. El consentimiento se otorgará por medios electrónicos.

XVIII. A cancelar el contrato sin necesidad de recabar autorización del concesionario ni penalización alguna cuando el plazo pactado concluya, excepto cuando se renueve el contrato por continuar usando y pagando los servicios de telecomunicaciones contratados originalmente.

XIX. A no recibir llamadas del concesionario o autorizado sobre promoción de servicios o paquetes a menos que expresamente manifieste su consentimiento a través de medios electrónicos.

  1. A que cuando se renueve el contrato de servicios móviles y no adquiera un nuevo equipo, la mensualidad se integre exclusivamente por el cobro de los servicios sin pago del equipo.

XXI. A que en los contratos de servicios móviles se transparente, en el pago mensual, la parte que corresponda al costo de los servicios y la que corresponda al costo del equipo o instalaciones y el plazo de este pago.

Los concesionarios y autorizados deberán entregar a los usuarios una carta que contenga los derechos que la Ley y la Ley Federal de Protección al Consumidor reconocen, la cual podrá ser enviada a través de medios electrónicos. El Instituto y la PROFECO determinarán los derechos mínimos que deben incluirse en la carta referida.

Los derechos mínimos a que se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse de manera permanente por el Instituto, la PROFECO, los concesionarios y los autorizados, en sus respectivos portales de Internet y se entregará a los usuarios al contratarse el servicio que corresponda.

Corresponde a la PROFECO promover, proteger, asesorar, defender, conciliar, y representar a los usuarios y consumidores, frente a los concesionarios o autorizados de servicios de telecomunicaciones o ante comités consultivos de normalización así como registrar y publicar los modelos de contratos de adhesión de conformidad con la Ley y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Corresponde al Instituto regular, monitorear y vigilar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones con los indicadores, parámetros y procedimientos que al efecto establezca, debiendo informar a la PROFECO de los resultados obtenidos para el ejercicio de sus atribuciones.

El Instituto y la PROFECO intercambiarán información relacionada con las quejas de los usuarios, el comportamiento comercial de los concesionarios o autorizados, la verificación del cumplimiento de sus obligaciones, así como las sanciones que impongan a fin de que determinen proceder en el ámbito de su competencia. Las sanciones impuestas por la PROFECO se inscribirán en el Registro Público de Concesiones.

El Instituto y la PROFECO se darán vista mutuamente, cuando los concesionarios o autorizados incurran en violaciones sistemáticas o recurrentes a los derechos de los usuarios o consumidores previstos en la Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones necesarias para su protección y restitución o, en su caso, para que el Instituto imponga las sanciones por incumplimiento de obligaciones a los concesionarios.

Reformas a la Ley de extinción de dominio para el DF

Por Alberto Apanco:

Cada día es más común escuchar sobre la Ley de extinción de dominio para el Distrito Federal, esta ley publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 08 de diciembre de 2008, es reglamentaria del artículo 22 Constitucional y tiene por objeto castigar la comisión de delitos graves como delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, donde los bienes obtenidos ilícitamente y cuya procedencia no pueda ser acreditada fehacientemente serán susceptibles de ser aplicados al Gobierno del Distrito Federal y destinados al bienestar social, sin que el afectado reciba alguna contraprestación o compensación por su pérdida. Seguir leyendo

Modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

El pasado 20 de mayo, finalmente fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones aprobadas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como las correspondientes a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Con las anteriores modificaciones, quedan reglamentadas las reformas constitucionales publicadas en agosto de 2012 en materia política. Quedando de la siguiente manera:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La reforma esencial de la Ley consiste en la adición de la iniciativa ciudadana y la iniciativa preferente; así como su proceso legislativo. Reformándose diversos artículos de la ley con la finalidad de adecuarse las dos tipos de iniciativas creadas.
Iniciativa ciudadana: El derecho de iniciar leyes o decretos compete a los ciudadanos en un número equivalente a cuando menos al 0.13% de la lista nominal de electores, porcentaje que será verificado por el INE.
Las iniciativas ciudadanas, podrán realizarse inclusive, sobre las materias de competencia del Congreso de la Unión.
Se crea un procedimiento legislativo regulado en el artículo 132, incluyendo la posibilidad de que comparezca al procedimiento ante las Cámaras revisoras un representante designado por los mismos ciudadanos, comparecencia que será tomada como elemento adicional para elaborar el dictamen sobre la iniciativa.
Iniciativa preferente: Es aquella que es sometida al Congreso de la Unión por el Presidente de la República para trámite preferente, o señalada con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de dictamen, ésta iniciativa conservará su carácter preferente durante todo el proceso legislativo previsto en el artículo 72 de la Constitución; podrá versar sobre cualquier materia y comprender dos o más ordenamientos, cuando exista conexidad en los temas
Las iniciativas que impliquen adiciones o reformas constitucionales no podrán tener el carácter de preferente.
La cámara de origen tendrá un plazo de 30 días naturales a partir de su presentación o de que reciba el oficio respectivo por parte del Presidente, para discutirla y votarla, de no hacerlo se incluirá en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno, de no ser rechazada, pasará a la Cámara Revisora quien resolverá en un término de 30 días naturales.
Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, la Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación. En caso de ser aprobada se remitirá al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución.
Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución, sin que la iniciativa, materia de la minuta, pierda su carácter de preferente.
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL
Se adiciona el artículo 43 Ter, relativo al recurso de apelación en materia electoral:
1. El recurso de apelación será procedente para impugnar el informe que rinda el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a la Cámara solicitante del Congreso de la Unión, relativo al resultado de la revisión del porcentaje de ciudadanos que hayan suscrito la iniciativa ciudadana, atendiendo lo señalado en el artículo 71, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. El recurso se interpondrá ante el Instituto Nacional Electoral dentro de los tres días siguientes a aquél en que el Presidente de la Cámara notifique el informe al representante de los promoventes de la iniciativa ciudadana.
Como sabemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su apartado segundo, que en nuestro país, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y todo poder público dimana de él, y al ser una democracia representativa, el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión, los cuales a su vez deben responder a las necesidades del pueblo que los eligió y para las cuales fueron elegidos.
Sin embargo, en una sociedad tan compleja como la nuestra, es difícil abordar todas las necesidades que se presentan en los diferentes ámbitos y es importante promover la participación de todos los sectores de la sociedad a fin de solucionar los problemas que la aquejan. Lo anterior mediante la creación de mecanismos que permitan dar a los ciudadanos armas para que su opinión sea escuchada.
Los proponentes sostienen que la iniciativa popular generará los siguientes aspectos positivos:
• Hace a los legisladores más responsables hacia los votantes que a los grupos especiales de interés;
• Incrementa el interés ciudadano en los asuntos gubernamentales;
• Reduce la alienación del votante;
• Genera apoyo para breves constituciones estatales y estatutos de gobierno, y
• Ejecuta una importante función cívica educativa.
Algunos aspectos que podrían ser negativos son los siguientes:
•Los legisladores están mejor calificados para realizar leyes o cuenta con asesores calificados.
•Los pobres proyectos de Ley surgidos de las iniciativas crean problemas de implementación.
•Legislaciones de estas iniciativas pueden no ser coordinados con legislaciones vigentes.
• Algunas minorías pueden ser afectadas adversamente por una exitosa campaña de las iniciativas

A pesar de los aspectos negativos que aquí se manifiestan, estos no tienen razón de ser, dado que la presentación de una iniciativa de Ley no da por hecho el que deba ser promulgada en los términos en que fue presentada, es aquí donde entra el trabajo legislativo de discusión, modificación y en su caso aprobación de la misma.
Finalmente, la exposición de motivos señala que “El apoyo a este mecanismo, no sugiere que deba ser empleado con suma frecuencia. Debería de ser una reserva de poder, un arma de último recurso y la necesidad relativa de su uso depende del grado de responsabilidad, representatividad y expresividad de los cuerpos legislativos.”
Por lo que se refiere a la iniciativa preferente, la cual será sometida al Congreso de la Unión por el Presidente de la República para trámite preferente. Era necesaria desde hace mucho, dado que el Poder Ejecutivo, al tener la facultad de presentar iniciativas de Ley debe poder determinar cuáles considera de suma importancia sin necesidad de que para el congreso de la unión así lo sean.
Con esto se logra una mayor equidad entre los Poderes de la Unión, ya que busca crear una corresponsabilidad entre quien propone y quien debe analizar, discutir, modificar y votar la iniciativa de Ley. Esto es importante ya que como hemos visto en la práctica, diversas ideologías y puntos de vista, pueden llegar a paralizar el proceso de creación y modificación de leyes. Con esto se logra que a pesar de que existan factores políticos o ideológicos contrarios entre las partes, el poder ejecutivo puede poner sobre la mesa temas que a su parecer son importantes.
La reglamentación a la reforma constitucional llega seis meses después de que venciera el plazo para ello, pero finalmente aquí está, seguramente surgirán muchas controversias al respecto y será aquí donde el Poder Judicial encuentre su función, fortaleciendo así la división y equidad entre los poderes y el pueblo que es básicamente la finalidad de las mismas reformas.

Efemérides

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