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Corrección: política

Por: Alejandra Eme Vázquez:

Era la década de los setenta y el lenguaje se había llenado de odio. O eso se pensó después de dos grandes guerras y abiertas persecuciones a grupos por criterios tan azarosos como el color de la piel o la genealogía, entre otros terrores, así que se creyó necesario comenzar a regular las formas de expresión que se usaban en público. Entonces nació la norma de usar el lenguaje como lienzo sobre el cual pintaríamos bonitas formas de decir que aparentemente, por lo bonitas, dejarían de lastimar: se decidió quiénes eran vulnerables, quiénes no, y con base en ello se armaron discursos en los que se incluyera afectivamente a todo posible rincón de lo humano, un poco por culpa, otro poco por cautela y un poquito más por expiación.

Y no era un mal principio. Las bases que hicieron surgir lo que hoy denominamos “corrección política” no son para nada perversas: según hipótesis de algunos teóricos y prácticos, especialmente desde la hipótesis de Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf (que se puso de moda en aquella década), el lenguaje es capaz de moldear el pensamiento y en consecuencia, la acción. Cambiar el discurso apostaba a eso. Eran los tiempos de ver al inconsciente como pez que puede morder anzuelos, así que fue lógico creer que decir “afroamericano” por “negro”, “persona con capacidades diferentes” por “discapacitado”, o usar femenino y masculino en cada caso ayudaría, con el tiempo, a convivir de distintas maneras con los grupos minoritarios o en desventaja. El problema fue que al decirlo, el propio discurso se encargó de marcar esas diferencias y desventajas, y encontró puntos de fuga que distanciaron en lugar de unir.

Estamos ya en el siglo veintiuno y las instituciones no han logrado desechar de su sistema el fantasma setentero de la corrección política, pero nosotros los civiles sabemos que ya pasaron cuatro décadas y podemos repensarlo de este lado. Hemos heredado un lenguaje al que “le choca” la norma, pero con la diversificación de las instituciones ya tomamos como tales a discursos surgidos de otros previamente establecidos, como sucede con el feminismo, el ambientalismo o las izquierdas. Entonces, lo que en su momento surgió como incorrección, funda nuevas correcciones políticas y así sucesivamente. Ni para dónde hacernos.

Yo no creo, sin embargo, que intentar sentar compromisos desde el lenguaje sea una mala idea; de hecho, todos lo hacemos. En este mundo en el que cada quien construye su propia micro-política, todos sin excepción tenernos una norma para lo que es o no correcto y desde ahí se juzga quién está “bien” o “mal”, porque hay que tomar postura para poder dialogar con lo demás desde algún punto. El problema viene en dos sentidos: uno, en la dimensión política del asunto, que impone una jerarquía donde cualquiera puede creerse vigilante del discurso ajeno; y dos, en el riesgo de quedarse en la superficie y caer en el mismo pantano de lo “políticamente correcto”.

El discurso es un sitio cómodo, tanto como para quedarse a vivir en él. Del lado de los políticamente correctos y de los políticamente incorrectos se puede caer en no evaluar el discurso propio y no aceptar que otros “bandos” a veces tendrán razón. Porque vivimos en la ley del “a veces”. Puede ser que algo nos parezca indiscutible bajo ciertos preceptos, pero eso no significa que todos los eventos que parezcan someterse a esa misma fórmula vayan a gustarnos forzosamente, o viceversa. Hay circunstancias, contextos y estados a considerar para comprender por qué estamos de acuerdo o no en algo, y es por eso que autodefinirse como “corrector” o “incorrector” de tajo anestesia la posibilidad de esa evaluación o bien, nos pone en entredicho al no poder funcionar invariablemente bajo lógicas estrictas.

En los círculos donde tenemos fortuna de pensar en voz alta, buscar la coherencia e intentar aportar, es posible mirar la corrección política desde muchas aristas y entender qué hace con nosotros. A veces los discursos tocarán temas que nos mueven de inmediato; a veces los dejaremos pasar o nos quedaremos en el agua tibia, queriéndolo o no, porque las agendas nos rebasan. Eso no nos hace mejores o peores, como tampoco nos denigra que en ocasiones consideremos lo que diga la Academia, el Gobierno, los medios de comunicación o cualquier otro árbitro cuya misión sea plantear discursos acríticos por naturaleza, pero que al compartirlos se llenan de contexto y perspectivas. Personalmente, mi problema con las polémicas surgidas de estos discursos es que por pelearnos entre ciudadanos, se debilita la fuerza crítica hacia el punto que realmente hizo surgir la controversia. Atacamos a quien, desde nuestra misma posición, defiende o no lo que nos parece “corrección política”; pero en esa división, ¿dónde queda la crítica activa hacia el discurso inicial?

No podría asegurar que la iniciativa de instaurar un discurso políticamente correcto haya sido un rotundo fracaso, y no por el lado institucional sino por lo civil: no puede ser un completo desperdicio si por ella hemos llegado al punto en que sus mecanismos están en el foco de atención y nos han puesto a pensar en el uso de las palabras más apropiadas para cada caso, que no está mal si el acuerdo se da entre ciudadanos y se juzga también a las instituciones, pero sobre todo en las vías para que ese discurso se convierta en acción. Justo ahora estamos en un momento en el que nuestro país tiene una agenda colectiva que debemos atender con urgencia y no dejar decaer por ningún motivo, como suele suceder cuando nos conformamos con marcar excesivamente el manejo del lenguaje y nada más: si nos vamos a poner de acuerdo sobre cuáles son las mejores formas de decir, que sea porque van a moldear las mejores formas de hacer. Y hagamos.

Carta de derechos de los testigos

Con el propósito de mejorar el ejercicio  de procuración de justicia, y atendiendo principalmente a los Derechos Humanos; la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal puso al alcance del público una serie de materiales informativos que nos permiten conocer los derechos de que gozamos, en caso de que nuestra comparecencia en sus instalaciones sea necesaria.

Transcribimos para ustedes a continuación la CARTA de Derechos de los Testigos:

Le informo que entre los derechos consagrados a su favor, se encuentran los siguientes:

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Normalistas

Por Durden:

La época estudiantil es una de las más vulnerables que tiene el ser humano. Poca capacidad financiera, escuela por la mañana, trabajo por las tardes o viceversa; hacen de ésta una de las más cansadas y estresantes (claro, si no eres hijo de algún gobernador, magistrado, juez…).

Pero incluso con recursos económicos, empezar desde cero forjándote un camino en tu disciplina profesional es todo un reto. Bueno, para los que decidieron seguir, no como yo que escribo ‘vlogs’.

El punto es que si para los que son del nueve por ciento admitidos por la UNAM es difícil, más lo es imaginar la situación de otros que no tienen las facilidades que brinda nuestra universidad.

Es estéril, por ejemplo, hacer una comparación entre el estudiante de la UNAM y un normalista de Ayotzinapa, pero conocer la situación de los segundos después de haber sido desaparecidos 46 en un tiroteo violento, es imperativo.

Los normalistas, más allá de elegir estar lejos de sus poblados y vivir las carencias de una universidad limitada, tienen que prepararse para realizar uno de los trabajos que muy pocas personas querrían hacer: maestro rural.

El reto no es poco: casi millón y medio de estudiantes de primaria la cursan en condiciones precarias, a pesar de que por estadística representen poco menos de la mitad de toda la matrícula con un porcentaje del 47 por ciento.

El alto grado de marginación, la falta de instalaciones e incluso materiales indispensables como pizarrones, bancas o libros, hacen de la labor del maestro rural más que una elección profesional, un camino a la beatificación.

Estos maestros trabajan con lo que tienen para darle a los niños de comunidades alejadas, su única herramienta para no seguir perpetuando la herencia de pobreza sobre sus espaldas: la educación. Sin embargo, las carencias van desde servicios básicos como el agua potable, líquido con el que 37 por ciento de las escuelas primarias rurales no cuentan, según el INEE, por ello 44 por ciento de las mismas tampoco tienen baño.

Podría seguir hasta escribir un tratado, pero este texto solo pretende dar un panorama general de los desafíos que los normalistas rurales enfrentan en su profesión. Podrán venir de universidades que nos gusten o no en su mecánica, podrán tener líderes detestables o miembros de su comunidad despreciables (como en cualquier otra), pero ninguna de las razones anteriores es pretexto para que sean impunemente rafagueados por seudopolicías.

Suficientemente difícil es el panorama que tiene la educación rural como para mancillarla. A los ignorantes que llevan las riendas del Estado y no dudan en mancharse de sangre, se les olvida que el Estado de derecho no es opcional, es para todos.

Negociar lo imposible

Por @Bvlxp:

Mucho se ha hablado de la valiente faena del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante el mitin que los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) montaron afuera de su oficina de Bucareli la semana pasada. El Secretario, en sus ya famosas mangas de camisa, salió a un templete no exento de riesgos personales y políticos. El Secretario Osorio quiso atajar un movimiento con potencial de crecer con astucia política y con arrojo. La apuesta está a punto de salirle muy cara y quizá termine por verse forzado a ser menos intrépido y más enérgico, en un momento en que el ambiente político del país alcanza unos niveles de tensión sin precedentes para esta administración.

El movimiento de los estudiantes del IPN empezó con tres demandas muy claras: cancelación del nuevo reglamento interno, cancelación de los nuevos planes de estudio y destitución de la Directora Bustamante, quien impulsó esos cambios aparentemente sin consensuarlos del todo al interior de la institución y mucho menos con los responsables de la política educativa e interna del gobierno federal. Sin entrar al análisis de los méritos de las peticiones estudiantiles, éstas son concretas y fáciles de cumplir. De hecho, incluso antes del mitin del martes 30 de septiembre a las puertas de Gobernación, dos de ellas ya estaban cumplidas: reglamento y planes de estudio habían sido cancelados. En un lance de cinismo político, el Secretario de Gobernación detuvo la renuncia de la Directora presentada el mismo día de esa reunión callejera para tener algo que ofrecer a los estudiantes en la siguiente cita pactada para el viernes de esa misma semana. Puntualmente, el Secretario de Gobernación, desde luego con la anuencia del Presidente Peña, les entregó a los estudiantes la renuncia de la Directora. Con esto el gobierno federal, no muy proclive a la ingenuidad política, pareció dar por zanjado el problema.

Muy pronto, las cosas empezaron a torcerse: los estudiantes, quizás atolondrados por el allanamiento del gobierno a sus demandas, decidieron que de ninguna manera un sí rotundo era aceptable y hoy parecen estar dispuestos a echar por la borda todo lo ganado. Al escribir estas líneas, los estudiantes del IPN parecen decididos a malgastar el capital político ganado por haber conducido sus protestas de manera pacífica y respetuosa, a perder la buena imagen y la simpatía que en general su movimiento goza entre la opinión pública, es decir, a no saber ganar, exigiendo que el gobierno aclare cuándo exactamente va a cumplir con el resto de su pliego petitorio, exigiendo respuestas concretas a demandas abstractas.

Si el movimiento de los estudiantes del IPN fuera puro, cumplidas las tres demandas que le dieron origen, las clases debieron de haberse reanudado el lunes pasado sin mayor novedad. Sin embargo, el pliego petitorio está repleto de taras y necedades propias del parlamentarismo estudiantil: “democratización del IPN”; “fundar un Congreso para definir el rumbo de la institución”; “destinar el 2% del PIB a la educación”. El que un movimiento legítimo (que sea sabio es otra cosa) comience a hincharse con pretensiones que nada tienen que ver con sus motivos originales, es señal de una sola cosa: el movimiento ha sido politizado profesionalmente y busca otros fines que ya no son propiamente académicos sino que tienen que ver con el ambiente político imperante en el país.

Si por algo se ha distinguido la administración del Presidente Peña Nieto ha sido por ser profundamente pragmática y adversa a los riesgos. En los albores de este problema resultaba claro que jamás daría la batalla por la pertinencia de un plan de estudios o de un nuevo reglamento en una institución educativa, y mucho menos por salvar a un funcionario menor como lo es la Directora del IPN. En ese sentido, en esta administración impera el cinismo y el más frío análisis de costos y consecuencias: el gobierno definitivamente no iba a pagar el costo político de modernizar el IPN a costa de lo que fuera. Si los estudiantes no quieren y van a dar problemas, que las cosas se queden como están y allá ellos para bien y para mal.

Otra cosa será si el movimiento es infiltrado por los políticos profesionales (como los de MORENA) y se busca crear sinergias con otros problemas políticos surgidos de asuntos estudiantiles como el caso de la escuela rural de Ayotzinapa y lo ocurrido en Iguala. Ojalá que los estudiantes del IPN comprendan que ésta ya la ganaron completa; que no se monten en su quimera de la educación plebiscitaria o se sienten en la calle a esperar a que Osorio salga con un cheque por el monto equivalente al dos por ciento del PIB endosado a nombre del movimiento. Ojalá que a estos chicos no les gane la ingenuidad y que no se presten a ser carne de cañón de intereses oscuros y que rebasan con mucho sus fuerzas y su entendimiento.

Belisario Domínguez: El poder de la palabra

Por Alejandro Rosas:

“El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honraréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por Primer Mandatario a un traidor y asesino”. Así concluyó su discurso el senador Belisario Domínguez; fueron las últimas palabras que redactó con la intención de leerlo en tribuna el 23 de septiembre de 1913. Seguir leyendo

Entrevista al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal Alejandro Delint García

Por Brenda Stephannie Galván Estrada:

Reforma Política Electoral

1. ¿CON TODOS ESTOS CAMBIOS QUE HA TRAIDO LA REFORMA POLÍTICO ELECTORAL, ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED SOBRE EL NUEVO INE?

Yo creo que es una reforma que no resuelve la problemática que le dio origen. Esto es: a través de la reforma, se pretendió quitar intervención a los partidos políticos en la designación de los consejeros electorales locales y también se buscó evitar la incidencia de los gobernadores y la vulneración de la autonomía de los Institutos electorales locales; ambas hipótesis además de ser muy debatibles desde mi punto de vista no se lograron combatir con eficacia, porque estamos viendo que la actual designación de consejeros electorales locales cruza por la definición de los partidos políticos, a los cuales se les da intervención en la fase semifinal y también por la intervención de los consejeros electorales nacionales que a querer o no deben su posición a alguna fuerza política ósea a algún partido político. Seguir leyendo

El país del “nada por aquí”

Por Alejandra Eme Vázquez:

«Recuerdo, recordamos hasta que la justicia se siente entre nosotros».

Rosario Castellanos

El mundo es muchos mundos, simultáneos. Y en lo personal, esta simultaneidad me perturba profundamente cuando no sé qué hacer ante el hecho de que mientras yo estoy aquí escribiendo esto en un espacio seguro y tratando de comprender, hay muchísima gente sufriendo violencia directa, muriendo de hambre, viendo pisoteados de maneras perversas sus derechos humanos o, aunque no lo crea usted, “desapareciendo”. Sí, porque en esta absurda realidad que nos hemos construido, cuando una persona deja de estar en su contexto habitual bajo circunstancias extrañas que no pueden (o no quieren) resolver las autoridades en cuyas manos está esa responsabilidad, se usa el verbo de los magos: «Tantas personas murieron, tantas resultaron heridas y tantas des-a-pa-re-cie-ron». Desaparecieron, así, como si tan tranquilos.

Las personas no desaparecen: hacen falta. Y justo en este momento el país está viviendo el sobresalto de saber que a la inmensa lista de gente que hace falta se han añadido los nombres de más de cuatro decenas de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, después de que el 26 y 27 de septiembre la policía los agrediera, en cuatro episodios violentos, a partir de una colecta que realizaban para reunir fondos: querían ir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la ciudad de México. No hay tiempo ni ganas para remarcar la ironía, porque al saldo de seis muertos y veinte heridos (entre normalistas y no normalistas) se sumó el acto de magia favorito de la fuerza bruta: cuarenta y tres “desaparecidos”.

Los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se preparan para ser profesores en comunidades rurales. Todos quienes hemos tenido la experiencia de dar clases en estos contextos sabemos que si en la ciudad la escuela representa un espacio público entre muchos otros, en el medio rural es, junto con la iglesia, un sitio donde ocurre la excepción de poder reunir y organizar. Tener un profesor y un sacerdote da sentido a la comunidad en muchas formas, pero la particularidad de la escuela rural es que además de esto, ofrece individualizar accediendo a conocimientos y reflexiones que abren puertas, hacia adentro y hacia afuera. No puedo ni imaginar las implicaciones de esta labor en un estado que, según ciertas cuentas, es escenario de operación para diecisiete organizaciones delictivas y en el que mucha gente no tiene de otra más que “acostumbrarse” a saber que en el territorio donde está su hogar no hay ley y que la represión puede llegar por todos los frentes haciendo de la violencia “un lujo”. ¿No es así como dicen?: “con lujo de violencia”, como si se tratara de un artículo suntuario.

Pensar en lo que pasaron, están pasando o pasarán estos estudiantes de quienes no se sabe el paradero ni la condición nubla cualquier sonrisa, enciende preocupaciones milenarias, redimensiona todo. Es un tormento. Y lo es porque no sabemos lo que deberíamos saber, tan sencillo como eso. Movilizarnos entonces significa muchas cosas, comenzando por exigir saber. Sé que la indignación es un sentimiento que rebasa y es fácil convertirla en frustración dirigida a quienes, ante estos hechos, están en las mismas circunstancias que nosotros, como si regañar a otros por no estar poniendo atención o por no hacer lo suficiente nos aliviara el dolor de compartir la impotencia; pero no creo que la solución sea despreciar ni “pinchear” al país, porque tales juicios son otra forma de parálisis. No hay que olvidar que los ciudadanos somos compañeros, sencillamente porque tenemos espacios y sentidos en común. Nos necesitamos todos a todos para estar y no de acuerdo, para autoafirmarnos y para ponernos límites, para construir y reconstruir; precisamente por eso no podemos admitir, bajo ninguna circunstancia, que un compañero nos falte por una razón tan antinatural como la acción de la violencia a manos de una autoridad que ya olvidó a quién y a qué se debe.

Últimamente, en las redes sociales donde suelo expresarme e informarme he visto muchos debates referentes a las formas de enfrentar la violencia desde el discurso, cosa que está muy bien porque el lenguaje es un probado instrumento para modelar las acciones y hace falta pensar más sobre el uso que le damos. Pero independientemente de sus minucias, de si aquél usa ciertas palabras que a éste le parecen imprecisas o si la teoría tras el argumento de ese otro no nos convence, hay cosas en las que estaremos de acuerdo, pase lo que pase: no es posible, no es permisible ni natural que desaparezcan cuarenta y tres, o dos, o diez, o cualquier número de personas de nuestro suelo y menos aún, que vayan “apareciendo” entre historias endebles, confusas y disparatadas.

Esto no tiene que ver con quién posee la forma más bonita de decir lo que sea, tiene que ver con que dirijamos la luz de las palabras y las acciones hacia las oscuridades más peligrosas: la desinformación, el desprecio, el prejuicio, la cínica autosuficiencia, la impunidad; esto tiene que ver con la desconfianza que nuestras trincheras ciudadanas comparten hacia las policías, los legisladores, los gabinetes, las cabezas de gobierno, los servidores públicos que cada vez se distancian más de tal denominación. Y tiene que ver con no dejar que nos rebase la impotencia, porque en el espacio común no podemos restar valor a las formas de solidaridad que cada quien elige manifestar. Dejando de lado lo pavoroso de la simultaneidad, también tiene la magia de que una voz es, a la vez, individuo y coro.

El pasado 2 de octubre, de uno de mis alumnos de secundaria surgió una duda legítima después de leer en clase “1968” de Juan Villoro y “Memorial de Tlatelolco” de Rosario Castellanos: ¿para qué estar recordando algo que pasó hace ya demasiados años y para qué protestar por algo que no nos sucede a nosotros, que “no podemos cambiar”? Lo bueno es que los propios textos permitieron muchas aportaciones a la discusión: ambos confían en la memoria común como resistencia y permiten pensar que si bien las “pequeñas” acciones no son suficientes vistas desde lo individual, en la simultaneidad del colectivo adquieren una fuerza inusitada. «Entonces quiere decir que hasta que no haya justicia vamos a estar chingando», pensó en voz alta mi alumno, ya más convencido, tras los comentarios que generó su pregunta inicial. Yo me quedé callada, únicamente lo miré y le sonreí de tal manera que él creyó que me había dado la respuesta que yo esperaba oír, sin saber que me dio justo la que necesitaba.

Efemérides

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