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La responsabilidad constitucional de la oposición – Juristas UNAM

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La responsabilidad constitucional de la oposición

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Por Bvlxp

«Es curioso cómo, hasta el final, los tiranos más convencidos respetan vagamente las formas, como si quisieran dar la impresión de que no se saltan por las buenas los trámites administrativos, mientras transitan abiertamente por encima de todas las normas».

 

Éric Vuillard

Hartos de la corrupción peñanietista, los votantes mexicanos cometieron el error de otorgarle a Andrés Manuel López Obrador y a su partido-movimiento corporativo clientelar bajo las siglas “MORENA”, un poder casi absoluto sobre los destinos del país. Fue un error garrafal, como hemos empezado a sentir no sólo en el ambiente político, en la calidad de la gestión gubernamental, sino en nuestra vida diaria y nuestros bolsillos. Sin embargo, los votantes se detuvieron justo antes de entregarle las llaves del país a AMLO e irse a dormir, dejando que hiciera con el país lo que quisiera: le negaron la mayoría requerida para modificar la Constitución y para los nombramientos a organismos autónomos que requieren de una mayoría calificada.

En su trayectoria hacia la captura total del Estado, AMLO ha decidido ir por las instituciones que aún se encuentran a salvo de su control y del sometimiento abyecto a su autoridad: los organismos autónomos. La estrategia de captura viene del manual del populismo autoritario: si destruir formalmente estas instituciones que ponen un freno a mi poder absoluto al seccionarlo representa un costo demasiado alto, la estrategia es provocar que se conviertan en un cascarón sin presupuesto y atiborrarlos de personas que no están calificadas para ejercer esos puestos (contraviniendo incluso la ley en su nombramiento) y que sean incondicionales políticos del Presidente, es decir, la expulsión de la pericia técnica para gobernar, imponiendo aquella vieja visión de que la política es lo único que se requiere para tener un gobierno que le cumpla a los ciudadanos. Tres casos recientes: la Comisión Reguladora de Energía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Gracias a las fórmulas de asignación de la representación proporcional y a las defecciones de priístas y perredistas arribistas, AMLO cuenta en el Congreso con un poder mucho mayor al que le otorgaron las urnas. El Presidente cuenta con una sobrerrepresentación política que está utilizando para consolidar el proyecto autoritario y hegemónico que consiste esencialmente en que México sea una visión rupestre entre frescos del siglo XIX y el priísimo echeverrista. Sin embargo, lo que queda del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano tienen en sus manos la salvaguarda de la forma política y el equilibrio constitucional de la República.

Hasta ahora, la oposición nos ha quedado a deber en el ejercicio del único poder real que le queda: el control constitucional, y ha sido obsecuente con el proyecto de dominación de AMLO, otorgándole la mayoría constitucional como si ésta se tratara de un premio menor o de algo que el Presidente merece sin preguntas, ignorando que está desperdiciando el último reducto de relevancia política que le queda: decirle que no al Presidente en sus locuras y abusos de poder, negarle el control absoluto del Estado, salvaguardar instituciones y leyes que son indispensables para la consolidación de un Estado moderno, próspero y basado en la vigencia de la ley.

En lugar de lo anterior, tenemos una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia que es esposa del contratista consentido del Presidente y un Poder Judicial menos independiente; un régimen energético trumpiano que vuelve al pasado del carbón para cumplir con sus clientelas políticas, poniendo en riesgo nuestros compromisos internacionales que buscan asegurar la viabilidad climática mundial; un sistema educativo que va camino de poner de nuevo a los niños a merced de maestros indiferentes en su educación y cuya mayor preocupación es la captura del control económico y político de la educación; permitir la destrucción de instituciones que son producto de nuestro proceso democrático y han dado resultados tangibles en la salud económica de los hogares en materia energética, de telecomunicaciones, así como en el ejercicio de los derechos democráticos.

Todo esto habrá de tener un costo que puede ser potencialmente cataclísmico para la salud económica y política de la República. Nadie se está engañando. Los mercados no le están comprando la faramalla al régimen y los ciudadanos poco a poco se empiezan a dar cuenta que han perdido libertades y derechos políticos. Cuando el proyecto autoritario por fin cuaje, habremos de buscar la responsabilidad del tirano, pero sobre todo de los que pudieron y no tuvieron el arrojo republicano de detenerlo a tiempo.