Por Alejandro Rosas:
No es extraño escuchar voces -sin importar la edad- que añoran los tiempos de don Porfirio como si hubiesen vivido ese largo periodo e incluso exigen la presencia de otro Porfirio Díaz, con su carácter y su temple para ejercer el poder, mantener el orden y garantizar la paz social.
Otras voces preferirían un nuevo Juárez con su aire impasible y rostro imperturbable, azote de la reacción; gran parte de la sociedad quizá le rezaría a «tata» Lázaro para que resucitara de entre los muertos y volviera a escuchar a la gente y algún despistado leguleyo quizás alzaría la voz por otro don Venus, pese a ser uno de los personajes más antipáticos y anticlimáticos de nuestra historia.
Estos cuatro personajes son los estadistas que ha tenido el país, ni uno más, ni uno menos. Los cuatro pudieron mirar el futuro de la patria y encaminar sus acciones hacia ese rumbo. Juárez fincó las bases del estado-nación y enarboló con éxito la bandera del liberalismo político: «igualdad ante la ley»; Porfirio Díaz impulsó el progreso material con un sentido de modernidad que no se conoció en ningún otro momento, otorgándole a México un lugar entre las naciones del orbe; Carranza pudo visualizar el estado fuerte que debía surgir del movimiento revolucionario y Cárdenas leyó adecuadamente los tiempos para consolidar el régimen posrevolucionario y garantizar su permanencia en el poder, al menos durante el siglo XX.
No deja de ser una ironía, sin embargo, que los cuatro estadistas mexicanos adolecieran del mismo vicio: eran antidemocráticos por naturaleza e hicieron del autoritarismo un arte. Los cuatro se habrían sentido incómodos en un sistema democrático como el que pretendemos consolidar desde hace algunos años en nuestro país.
Llama la atención, como dolorosa paradoja, que el único proyecto nacional -propiamente dicho-, que se ha desarrollado con éxito en 200 años, y el cual logró encaminar a todas las fuerzas hacia un mismo objetivo, haya sido producto de una dictadura, próspera pero desigual; progresista pero injusta, y lo haya impulsado el hombre que despreció a la democracia: Porfirio Díaz.
A nuestros cuatro autoritarios estadistas les siguen un grupo de presidentes mediocres con todo y el autoritarismo de que gozaron -los que gobernaron el país de 1934 a 1994-, que si bien sexenalmente tuvieron logros, en conjunto fueron incapaces de construir un proyecto sustentado en la consolidación de instituciones y leyes y económicamente viable. Luego de 71 años de gobierno ininterrumpido, el PRI entregó en el año 2000 un país corrompido.
Luego vendrían un montón de presidentes; algunos necesarios para el momento histórico que les tocó gobernar, como Obregón y Calles; otros completamente insulsos, anodinos, desconocidos y fugaces como la mayoría de quienes gobernaron el siglo XIX o como los llamados «convencionistas» durante la etapa de la Revolución.
Francisco I. Madero merece una mención aparte. Su presidencia resulta un fracaso porque dentro del proceso de formación y consolidación del estado mexicano, y a pesar de ser heredero de la tradición liberal de mediados del siglo XIX, irrumpe en la política nacional más como un accidente que como un continuo histórico. Su régimen es un breve paréntesis en la historia del autoritarismo, pero Madero fue incapaz de leer correctamente los símbolos del poder y su ejercicio como se había gestado en los últimos treinta años.
Su convicción democrática, su inquebrantable fe en la ley, en las instituciones y en la ética política, así como en la responsabilidad cívica de los ciudadanos para ejercer sus derechos, lo convierten en la excepción que confirma la regla del autoritarismo, y dentro del contexto del ejercicio del poder presidencial, indudablemente fue un ingenuo, al otorgarle a la clase política y la sociedad de entonces -iletrada, sin educación y sin conciencia cívica-, el beneficio de la duda.
Por lo demás, ¿qué podíamos esperar los mexicanos cuando un presidente como Luis Echeverría decía con plena convicción: «Lo que pasa es que yo soy todo en este país»?
La tradición del poder
El ejercicio del poder en México, con todos sus excesos, es parte de una larga tradición autoritaria que gravita en la cultura política, que resulta más evidente cuando lo ejerce el presidente por las consecuencias que trae consigo pero que permea hacia los gobernadores y presidentes municipales y está presente en todas las estructuras políticas, organizaciones gubernamentales, organismos descentralizados, sindicatos, y en todos aquellos cargos que otorgan mando sobre los demás. En México, el autoritarismo no es la excepción, es la regla.
La democracia -que debería erigirse como el contrapeso natural- ha intentando acabar con la tradición del autoritarismo, pero ha sufrido severos reveses, incluso bajo los regímenes surgidos de la transición que supondrían un cambio de mentalidad y una forma nueva de gobernar.
Frente a una clase política que se desenvuelve incómodamente bajo las reglas de un régimen democrático porque carece de mentalidad democrática, el autoritarismo sigue presente como una característica del ejercicio del poder.
Si pudiéramos trazar una línea histórica para explicar en dónde se encuentran los elementos originarios de nuestra nación -en el sentido social y cultural del término-, podríamos ubicarlos, primeramente, en la fundación de México-Tenochtitlan en 1325, sin negar la herencia e influencia de otras naciones indígenas que la precedieron.
La línea histórica continuaría con la llegada de los españoles, la conquista y el consiguiente mestizaje. Luego vendrían los trescientos años de dominación española y finalmente 200 años de vida independiente. La suma de los tres periodos arroja 700 años de historia; dos siglos del imperio azteca; tres centurias del virreinato y 200 años de vida independiente. Por encima de la discusión oficialista de que México preexistía como nación antes de la llegada de los españoles, existe un hilo conductor innegable y presente en nuestra evolución social y política durante 7 siglos: la tradición autoritaria del poder.
