Por Frank Lozano:
La destrucción del manglar de Tajamar en el municipio de Benito Juárez ha puesto en evidencia la crisis que sufre el país en materia ambiental. Las lecciones que deja este asunto no son pocas.
En primer lugar, la falta de escrúpulos de los desarrolladores inmobiliarios que son capaces de construir donde sea y como sea. Hoy hablamos de Tajamar, pero si miramos atrás podemos constatar una historia de devastación de un sin fin de áreas naturales.
En segundo lugar, Tajamar pone en evidencia la incompetencia de las autoridades federales para proteger los sistemas ambientales del país. Tajamar exhibe la inacción de los tres niveles de gobierno, así como las limitaciones técnicas y presupuestales que tienen.
En tercer lugar, que la gestión del medio ambiente es un discurso vacío y una formalidad. Resulta inverosímil que el titular de la institución rectora del medio ambiente en el país, actúe como una suerte de ombudsman de los inversionistas y no como una autoridad. El titular de SEMARNAT, lejos de proponer alguna estrategia legal para darle la vuelta al ecocidio, se pone a hacer política y a echar la bolita a las últimas dos administraciones.
Todo parece indicar que el proceso que culminó con la depredación de 58 hectáreas del manglar comenzó hace dos administraciones, sin embargo, eso no exime al gobierno actual de actuar.
El actual gobierno no sólo no actuó sino que, en cierta forma, legitimó lo sucedido argumentando que no había daño a la fauna. La señal que manda el gobierno federal es que no corregirán las cosas que lucen erróneas por el simple y sencillo hecho de que fueron aprobadas por otras administraciones. El actuar y palabras del titular de la SEMARNAT suenan a pretextos.
¿Qué acaso el tema de Tajamar no provoca que se haga una revisión inmediata de todos los posibles casos que hayan sido aprobados anteriormente y que signifiquen un riesgo ambiental?
Finalmente, hoy hablamos de un manglar, pero es bien sabido que diversos ecosistemas están siendo presionados por intereses económicos. La acción de empresas mineras, la tala oficial y la clandestina, la grave contaminación de las cuencas hidrológicas, el abandono de las áreas naturales protegidas, el deterioro de la calidad del aire, la amenaza constante hacia los arrecifes, la pesca inmoderada, la protección de especies, etcétera, parecen no figurar en la agenda de SEMARNAT.
Hoy el gobierno de Peña Nieto debe llevar a cabo acciones firmes en materia ambiental. Culpar a los que ya no están no evitará que el día de mañana otro grupo empresarial haga algo parecido.
