Por Bvlxp:
El sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto comenzó como muchos otros en la historia del príismo: con un golpe espectacular en contra de un personaje de muy baja estima social, uno de esos que han robado al amparo del sistema pero que de pronto caen de su gracia y de su favor. En su oportunidad, el Presidente Salinas de Gortari apresó a Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, líder del sindicato petrolero y lo sustituyó con otro bribón de gustos más refinados que hoy es senador de la República y vive en la más absoluta impunidad. Enrique Peña Nieto escogió para su golpe de legitimación a Elba Esther Gordillo, uno de los personajes públicos más vilipendiados de la historia reciente.
Elba Esther, a quien su aspecto y ostentación, digamos, no le ayudan a ser bienquerida, fue apresada bajo cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Esta peligrosísima mujer por sus gustos caros y sus departamentos en Polanco y en San Diego, era la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acusada básicamente por robar dinero de sus agremiados, quienes no parecían enojados en lo más mínimo por ello. Una vez más, la sociedad cayó en el garlito priísta y el aplauso fue unánime ante este evidente uso de la justicia como arma política y el mensaje anticorrupción que parecía estarse enviando.
En las pasadas semanas, Rubén Núñez, líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue arrestado bajo cargos de lavado de dinero por más de 24 millones de pesos al celebrar contratos ilegales con proveedores de la Coordinadora. Rubén Núñez es un líder de poca monta, de esos personajes que se les ve como a través de una filmina, un fantasma del pasado enfundado en una guayabera viviendo entre nosotros y que también entiende la política y el ejercicio del poder como un coto de privilegios.
Bien mirados, Gordillo y Núñez no son tan diferentes: ambos representan el pasado más rancio de un México que se todavía da coletazos y se resiste a morir. Ambos sindicalistas, una usa bolsas Fendi y el otro comanda un ejército de adeptos que dejan a millones de niños sin estudiar por salir a las calles a vandalizar y saquear comercios, a bloquear carreteras, emboscar policías a balazos, rapar y humillar disidentes, asesinar a reporteros, intimidar a la prensa para manipular la información por la fuerza. Ambos representan lo peor que México tiene por ofrecer, son signos vivos de los retos pendientes de superar. Sin embargo y curiosamente, sólo la primera merece el escarnio de los puros, mientras que el segundo es una suerte de héroe popular. Las cosas que puede lograr el sesgo ideológico.
El asunto de la llamada Casa Blanca de la Primera Dama y de la casa en Malinalco del Secretario de Hacienda y Crédito Público, despertaron en México un clamor anticorrupción que hibernaba hace décadas en la conciencia social mexicana. Los mexicanos hemos sido tolerantes con la corrupción como sistema porque, no nos hagamos, a todos nos conviene de un modo u otro: a unos para llenarse los bolsillos y a otros para facilitarnos la vida dentro del laberíntico sistema legal mexicano. Sin embargo, estos dos episodios, sumados a la rampante corrupción de algunos Gobernadores, especialmente priístas y señaladamente el de Veracruz, Javier Duarte, aunado al bajo crecimiento de la economía, los salarios bajos, la escasez de oportunidades, el surgimiento del Mirreynato y de la displicencia y la arrogancia de “Lords” y “Ladies”, hicieron click para poner el tema anticorrupción hasta arriba de la agenda nacional.
En días recientes y a contrapelo del impulso priísta, el Congreso de la Unión aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, un paso importantísimo en México para combatir la corrupción gubernamental y empresarial. Con la institución de este sistema, hemos llegado más lejos que nunca en idear un entramado institucional para combatir la corrupción y aún estamos por ver sus resultados.
En el contexto de este clamor social, llama la atención que haya quien se desgañite contra la corrupción, los privilegios y la falta de oportunidades pero, preso de sus nostalgias revolucionarias y su idilio con el proletariado, esté dispuesto a que servidores públicos, como son todos los maestros del sistema oficial, reciban prebendas y privilegios que ningún otro mexicano recibe: que se hereden las plazas, que se monopolicen las oportunidades de trabajo y de mejoría en el mercado laboral, en una palabra, que se comercie con el haber público como patrimonio privado, perpetuando la corrupción en el ámbito educativo. El escaso pero aun así llamativo respaldo que recibe la CNTE de un sector de la progresía mexicana parece decir claro y fuerte que los privilegios deben terminar sólo para sus enemigos ideológicos, que la corrupción está bien si sirve para hacerle justicia al poster del Ché Guevara que cuelga en su sala. Al final, digan lo que digan y se disfracen de lo que se disfracen, la lucha de la CNTE es por preservar privilegios que no caben más en el México democrático y en el México que se sueña libre de corrupción.
