La aplicación de la ley en todos los casos, la coincidencia de nuestro admirable derecho estatuario con una práctica que dista muchísimo de reflejarlo, la limpieza e independencia del poder judicial, la confianza y seguridad de millones de mexicanos desamparados en la justicia, son metas de una tarea en la que pueden colaborar pueblo y gobierno en México […].
[…] Asegurar una auténtica justicia civil y penal, fiscal, laborar y administrativa es un paso indispensable para que el Estado mismo, con credibilidad y coherencia, pueda hacer uso de las armas jurídicas que la Constitución le confiere para renovar las estructuras del país. En una comunidad desmoralizada por la constante burla de la ley, es difícil que el Estado pueda procurarse el crédito político necesario para rescatar zonas de actividad que, con lamentables resultados, le han sido arrebatadas por la iniciativa privada. Es difícil, también que en esas circunstancias pueda abrir nuevos campos de actividad para la nación entera y no solo para una minoría empresarial […].
[…] El desarrollo capitalista de México ha sido injusto, desequilibrado, más especulativo que productivo, se ha basado en el trabajo mal remunerado de campesinos y obreros y se ha conseguido con sacrificio del desarrollo político. En segundo lugar, se ha caracterizado por una creciente concentración de la riqueza, y estos monopolios locales se integran cada vez más con los oligopolios internacionales que, en las palabras de Celso Furtado se caracterizan por la “creación de un sistema de decisiones supranacional”. De ahí que resulte ilusorio, en la actualidad, imaginar que en los países como el nuestro pueda surgir una clase empresarial nacionalista o independiente: para existir, expandirse y luchar, una empresa capitalista mexicana, argentina o brasileña tiene que integrarse forzosamente al sistema supranacional de los conglomerados. La forma global del capitalismo actual lo divorcia de y lo enfrenta a cualquier pretensión de sistema económico nacional, concebido como centro autónomo de decisiones a favor de la colectividad, solo puede representarlo, en nuestros países, el Estado.
Los problemas de nuestro país se agudizarán críticamente durante los próximos diez años. En 1980, México tendrá sesenta millones de habitantes; de aquí en adelante, la población se duplicará cada veinte años. ¿Quién pagará las escuelas, los caminos, las presas, los hospitales, la seguridad social de ese inmenso número de nuevos mexicanos; quién les proporcionará empleo; quién sufragará los gastos de la investigación científica y de la inversión tecnológica? Dudo mucho que sean los fabricantes de siete tipos de detergentes y doce variedades de pasta dental, los constructores de hoteles en Acapulco o los prestigiados de financieras fantasmas. Solo el Estado puede reasumir la dirección energética del crecimiento mexicano, pero esta vez no a favor del sector privado, sino a favor de la colectividad. Hemos conocido ya los resultados del desarrollo económico sin justicia social. El crecimiento con justicia debe ser la fórmula de la nueva etapa.
Pero en una etapa de crecimiento con justicia, el simple criterio cuantitativo del desarrollo debe ceder el lugar a un nuevo criterio cualitativo. En primer lugar, al del fortalecimiento y extensión de las actividades del sector público: internamente para orientar la capacidad económica del país hacia actividades básicas y productivas, concebir un desarrollo equilibrado y planificado que elimine al máximo el desperdicio actual de recursos y energías y desplazar a la iniciativa privada hacia actividades dispensables o por lo menos secundarias; e internacionalmente, para proteger y reforzar al máximo la existencia de un sistema económico nacional, que hoy resulta fácil presa de los proyectos de expansión e interrogación de los conglomerados norteamericanos.
¿Es compartible un programa de creciente intervención del Estado en la economía con un programa ciudadano de crecientes libertades públicas? Pienso que no solo es compatible, sino indispensable. De Guatemala a Argentina, los países más vulnerables a la penetración económica de las corporaciones norteamericanas. Propongo con convicción que en México, si no lo queremos, podemos responder al desafío del crecimiento económico con justicia social, de un Estado nacional fuerte con plena libertad política. Es más: creo que la condición básica para que el Estado pueda cumplir intensa y acertadamente sus funciones económicas depende de la espontaneidad y convicción del esfuerzo de los ciudadanos, y que esas virtudes no pueden darse sino en un clima de libertad.
Fragmento tomado del libro Nuevo Tiempo Mexicano, publicado por Editorial Aguilar.
