La violación a los derechos humanos y las instituciones

Por Nancy Sandoval

El reconocimiento de los derechos humanos ha sido resultado de luchas, enfrentamientos y conflictos en la evolución de la sociedad. Se entiende que son universales en el sentido de que son responsabilidad de todos los países y que tienden a ser progresivos, pues permiten la incorporación de nuevos derechos humanos o el perfeccionamiento a los mismos.

La palabra derechos humanos con el transcurso del tiempo ha tenido diferentes denominaciones, entre algunos de ellos se mencionan los siguientes:  derechos del hombre, garantías individuales o sociales, derechos naturales, derechos innatos. Actualmente en el derecho constitucional mexicano la acepción correcta es la de derechos humanos.

Algunos consideran que la base de estos es la dignidad de la persona, que es lo que la singulariza de otros seres vivos debido a su razón, voluntad, libertad, igualdad e historicidad. Por otro lado, los derechos humanos, ese conjunto de atribuciones reconocidos por instrumentos jurídicos para hacer efectiva la idea de dignidad de todas las personas, permiten una existencia humana desde diversos ámbitos como el individual, social, político, económico y cultural. La primera vez que se reconoció el concepto de dignidad humana en la Carta de las Naciones Unidas de 1945.

En años recientes se han incrementado, a nivel nacional e internacional, las violaciones a estos derechos fundamentales, lo que ha generado incertidumbre en el desempeño de las instituciones encargadas de su protección, pues la ciudadanía, al no tener confianza en ellas, se siente en un estado constante de vulnerabilidad.

Desafortunadamente, aunque se tengan instituciones nacionales e internacionales y ordenamientos jurídicos para combatir las violaciones, los esfuerzos aún no han sido suficientes, debido a que sus dirigentes no han asumido la responsabilidad que un cargo de esa naturaleza requiere.

Un ejemplo claro lo encontramos en las reformas del 10 de junio de 2011,  con las cuales se le confirió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de investigación de hechos que constituyen violaciones graves de derechos humanos, lo cual anteriormente se encontraba reservado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; facultad que, en tal caso, se encuentra limitada, pues la Comisión sólo puede actuar en ciertas materias, lo que genera dificultades al ahondar en problemas más especializados y que requieren una atención más minuciosa.

Considero que el sistema jurídico a nivel nacional e internacional aún no se encuentra preparado para crear instituciones con verdadera autonomía que puedan intervenir con estricto apego a la ley.