Por Alejandro Rosas:
La insurrección que comenzó́ en 1910 tomó un derrotero similar a lo ocurrido con el país en el siglo XIX después de la Independencia. Los principios que le dieron sustento terminaron codificados en leyes, pero se transformaron en letra muerta frente a la vida cotidiana de los mexicanos.
El gran logro de la Revolución fue elevar a rango constitucional las demandas políticas y sociales ignoradas por el porfiriato durante los años de la dictadura: el artículo 3, donde quedó plasmada la educación; el 27, reivindicación de la propiedad de la nación sobre el suelo y el subsuelo, y derecho a la tierra; el 123, los derechos laborales. Hacia 1917, la Constitución gozaba del reconocimiento internacional: en términos sociales México tenía una legislación moderna, vanguardista y, sobre todo, un futuro.
La fundación del partido oficial en 1929, sin embargo, trastocó el sentido original de la Revolución. Creó un sistema político antidemocrático, autoritario, impune y corrupto. Mejoró los procedimientos de control político del porfiriato y subordinó con mayor efectividad, alrededor del presidente de la República, al poder Legislativo, al Judicial, a los gobernadores, a los medios de comunicación, a los sindicatos, a los empresarios y a la Iglesia católica, y distribuyó prebendas y recompensas para crear un entramado de impunidad y corrupción en todas las esferas del poder.
A diferencia del porfiriato, el sistema surgido de la Revolución no logró diseñar un proyecto de nación a largo plazo; su temporalidad era sexenal. El inicio de cada nueva administración implicaba un cambio de rumbo, nuevas políticas públicas y falta de planeación. El sistema construyó una ficción democrática alrededor de la simulación, hizo de la mentira un arte, con una aplicación discrecional de la ley.
Mientras el modelo económico funcionó para una población que en 1970 no rebasaba aún los cincuenta millones de habitantes, y pudo garantizar cierto bienestar social, con los niveles de pobreza más o menos controlados, con un ingreso decoroso para buena parte de los mexicanos, seguridad pública, centros de salud, vivienda, vías de comunicación, entretenimiento y sobre todo paz social. La relación entre sociedad y gobierno fue prácticamente una luna de miel, no obstante, este último enfrentó movimientos sociales con una violenta represión.
De 1934 a 2000 once presidentes gobernaron, más por imposición que por la voluntad del ciudadano. Ninguno conoció́ límites, con excepción de Zedillo. El sistema político mexicano surgido de la Revolución tuvo setenta y un años para construir un país diferente, al que entregaron con saldo negativo el 1 de diciembre del 2000: cuarenta millones de pobres, corrupción en los distintos niveles, creciente inseguridad, narcotráfico, descomposición social, sindicatos absolutamente corrompidos, monopolios económicos, un sistema de justicia de dudosa efectividad, impunidad como forma de vida. La soberbia presidencial, su escasa capacidad para ver a largo plazo, su falta de compromiso con la ley y con la democracia, arruinaron al país.
En el año 2000 llegó finalmente la alternancia presidencial; la oposición cumple diez años de ocupar el poder Ejecutivo de la nación. Las dos administraciones panistas, como sus antecesores priistas, han resultado inoperantes e ineficientes. Rehuyeron a la oportunidad histórica de iniciar el desmontaje del entramado político construido bajo la sombra del antiguo régimen y, en cambio, por momentos se han aliado con él o han utilizado sus mismos procedimientos. No han representado de ningún modo una alternativa distinta a lo que ha sido la forma tradicional de hacer política.
El tránsito del autoritarismo a la democracia ha sido lento y tortuoso. El sistema democrático vio su primera expresión contundente en 1997, cuando la oposición le arrebató la mayoría en el Congreso al entonces partido oficial y el gobierno del Distrito Federal fue ganado en las urnas por el Partido de la Revolución Democrática. Y tuvo su momento culminante con la alternancia presidencial en el 2000. Sin embargo, la transición se ha estancado porque, como en otros momentos, a la hora de las definiciones la clase política no ha estado a la altura de las circunstancias.
¿Por qué́ la nación camina sin rumbo cuando ha tenido oportunidades claras y reales para consolidar su crecimiento económico y, en los últimos años, para consolidar sus instituciones? ¿Por qué́ parece que, históricamente, las clases rectoras del país son incapaces de ponerse de acuerdo? El siglo XX ofreció́ a los mexicanos una amplia red ferrocarrilera que terminó por desaparecer; ofreció́ una época de bonanza económica conocida como «el milagro mexicano»; ofreció́ petróleo a manos llenas, ofreció́ las posibilidades del libre comercio. ¿Dónde quedó todo eso?
