Por Frank Lozano:
El presidente Peña Nieto finalmente promulgó la reforma que crea el Sistema Nacional contra la Corrupción. Lo hizo cobijado por los poderes de la república y por los partidos políticos. Su mensaje fue bien cuidado y bien estructurado. Toda una pieza argumentativa que, desde su perspectiva, fortalece la hipótesis de que la corrupción es cultural.
El presidente compara la transición política, con la evolución cultural que los mexicanos tenemos que llevar a cabo para erradicar la corrupción. Si el país pudo llegar a la alternancia, seguramente podrá llegar a un nuevo estadio social, moral y político; a eso suena la premisa.
Todo bien. Todo bonito. Salvo que el anuncio llega tarde cuando el daño a la institución presidencial es muy alto. Llega cuando pesa sobre él, como sobre ningún otro mandatario en la historia reciente del país, la sospecha del conflicto de interés, suya y de alguno de los miembros más destacados de su gabinete.
Llega en muy mal momento, cuando, en virtud de la contienda electoral llueven toneladas de acusaciones de unos contra otros. Revisemos lo que pasa en Nuevo León, en Sonora, en Jalisco. O bien, cuando el asesinato de candidatos y colaboradores de candidatos está a la orden del día. Cuando existen dudas razonables de que, en algunas entidades del país, no hay condiciones para realizar el proceso electoral.
Llega en un momento en que la popularidad del presidente está por lo suelos, al igual que su credibilidad. Llega en un momento en que el Estado es nuevamente cuestionado por su desdén por los derechos humanos. Llega días después de la masacre de Tanhuato, misma que precede a los hechos de violencia de Jalisco del primero de Mayo, llega pues, de gorra y sin regalo.
En México se hacen leyes maravillosas, lo triste es que no se cumplen. El Sistema Nacional contra la Corrupción debería tener como primera acción el encarcelamiento del propio presidente y de una buena parte de la clase política.
¿Qué hará distinto a este instrumento, en un sistema de impartición de justicia donde la impunidad manda? Quién sabe. Lo cierto es que le seguimos poniendo parches al diseño institucional. Seguimos creando áreas o dependencias, como si con su sola creación pudiéramos reparar los daños estructurales que tiene el gobierno y el país.
Quizá la clave está en volver a poner sobre la mesa un nuevo constituyente. Una nueva carta magna que trace un horizonte más amplio, donde quepan todas las tareas que deben realizarse para refundar a un país que, ciertamente, está atravesado por la informalidad: económica, política y social.
Si como sugiere el Presidente, la corrupción es cultural, el enfoque de un sistema nacional anticorrupción debe ser tan vasto como vasto es el espectro de la corrupción, del engaño, del cochupo, de la trampa, de la simulación. Entonces, hablamos de algo más que medidas para fiscalizar, para transparentar y para exigir la rendición de cuentas de los funcionarios.
Hablamos de algo más que vigilar procesos de adjudicación de contratos y compras. Hablamos de una operación de fondo, que invoque una nueva visión educativa, un nuevo pacto social, un nuevo horizonte cultural. Y para ello, entonces también tenemos que hablar de desigualdad y de pobreza. Al final, el principio y el fin de la corrupción tienen mucho que ver con esto. Pero nadie parece verlo.
