Por Frank Lozano:
Comenzó en México el debate sobre la despenalización del uso de la mariguana. Se trata de un debate impostergable y necesario para un país en el que la violencia relacionada con las drogas es el pan de cada día.
El hecho de que el gobierno federal finalmente haya decidido encabezar el proceso de consulta y deliberación demuestra que no estaban equivocados quienes, desde años atrás, urgían a revisar el tema.
El debate y su debida difusión pueden tener un impacto positivo en todo el país. Más allá de las posiciones personales, lo que México va a experimentar es un proceso de madurez democrática.
Habrá información, la información enriquecerá los criterios y atajará los prejuicios, en esa medida, comenzamos a ganar; en esa medida se hará visible una señal: la de que el debate público es la vía que los mexicanos debemos explorar para enfrentar los grandes temas nacionales. Hay que debatir contra la ignorancia y el medio. Se trata de debatir en vez de imponer. Se trata, en cierta forma, de un proceso pedagógico que correrá en paralelo. De una practica que debe llegar para quedarse.
El debate, en el fondo, reivindica la libertad, contra la lógica de un Estado que controla la vida individual de sus habitantes. Eso no significa mucho, pero tampoco es despreciable. No significa que amaneceremos en la edad adulta, pero tampoco nos perpetuará en la minoría de edad.
Las claves del asunto tocan diversas dimensiones. En primer lugar, desterrar la visión policiaca del tema y poner al centro del fenómeno la salud pública, como el eje de la discusión. Las estadísticas por muerte de consumo de alcohol e incluso de ciertos medicamentos controlados, supera en mucho a las muertes por consumo de mariguana.
En segundo lugar, en caso de avanzar hacia la despenalización, el Estado deberá prever todos y cada uno de los temas que están relacionado a la producción de la hierba: cultivo, traslado, distribución, precios, impuestos. Para fortuna de nosotros, existe el modelo de Uruguay.
Los jóvenes tendrán un respiro. Ya no serán el blanco predilecto de las detenciones arbitrarias, ni de la criminalización per se. Los centros de readaptación social dejarán de recibir a personas que, por cargar unos gramos más de los permitidos por la ley, terminan en el infierno del sistema penitenciario nacional, con el costo social que ello implica para sus vidas y con el costo económico que representa mantenerlos presos.
También se deberá replantear o sustituir el modelo de atención que actualmente tiene en cuanto prevención y tratamiento. La solución o una buena parte de ella, siempre ha estado un paso atrás de la rehabilitación: en la prevención. Pero la prevención debe ir más allá de meras campañas publicitarias.
La prevención tiene más que ver con igualdad de oportunidades que con mensajes publicitarios. Tiene que ver con acceso a la educación, a la cultura, al deporte, a las oportunidades laborales, al fortalecimiento del tejido social, a la reconstrucción de las comunidades, al combate a la discriminación, entre otras.
No sabemos en qué vaya a parar el debate, ni cuáles será su resultado final, de lo que debemos estar seguros es que hoy, en este tema, el sentido común y la libertad ganan espacios.
