Por Frank Lozano:
Una investigación periodística difundida por diversos medios reveló la posibilidad de que la matanza de Apatzingán, del pasado 6 de enero, fue llevada a cabo por policías federales. Ese día 16 personas resultaron muertas.
El reportaje pone contra la pared al gobierno federal y, especialmente, al ex Comisionado Federal por la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, quien sostuvo que tales muertes fueron obra de un fuego cruzado entre civiles.
El hecho se inserta en una cadena de acusaciones que involucran al Estado en materia de desapariciones forzadas y ejecuciones. El primer evento fue la matanza de Tlatlaya, en la que el ejército ejecutó a una veintena de personas. Posteriormente sucedió la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Ahora, surge la duda respecto a los hechos ocurridos en Apatzingán. En los tres casos, ha sido la prensa o la sociedad civil, quienes han orillado al gobierno a replantear sus versiones de los hechos. En los tres casos, el Estado ha respondido tardíamente y mal.
La salida de Alfredo Castillo de su labor en Michoacán coincide sospechosamente con los hechos. Penosamente, el ex comisionado tiene ahora la responsabilidad del deporte mexicano.
Las imágenes hablan por sí mismas. Continúan el hilo narrativo de un país que cuenta sus días desde el dolor y la muerte. La investigación recoge decenas de testimonios y recrea a partir de ello lo sucedido en el municipio michoacano. Sugiere que se sembraron armas, que se modificó la escena del crimen, que se alteró la evidencia y que, en algunos casos, los cuerpos presentan señales del famoso tiro de gracia.
¿Qué hará ahora el Estado Mexicano? ¿Se enconchará, se esconderá en un baño del tamaño del país, mantendrá tercamente su posición hasta el final? El reportaje no deja cabo sueltos, o muy pocos. Estamos ante un caso que, más que una duda razonable, aporta elementos suficientes de juicio para afirmar que hubo una actuación deliberada de las fuerzas federales.
Este nuevo evento, sanguinario y ventajoso, abona a la tesis del regreso del autoritarismo y se suma a las denuncias de corrupción de la clase política. Abona a la mala imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto y del PRI.
Ante un escenario así, la mesa está servida para derribar tres figuras: la del ex comisionado, la del Secretario de Gobernación y la del Secretario de Seguridad Pública Federal.
Al igual que en los casos anteriores, llama la atención que los partidos de oposición no hayan emitido posicionamiento alguno. No se trata de politizar un asunto en pleno proceso electoral, se trata de hacer valer una vitrina privilegiada como la tienen para llamar a cuentas a los responsables de un acto atroz.
El gobierno federal se ha convertido en un promotor de la impunidad. Se difunden escándalos y nada pasa. La clase política se protege a sí misma desde el silencio. La complicidad inunda cada espacio institucional. Y mientras eso sucede, ocurren matanzas que implican al Estado, arde Tamaulipas, asesinan decenas de funcionarios públicos en Jalisco, persiste la ingobernabilidad en zonas enteras de Guerrero y Michoacán insiste en poner su cuota de sangre en el panorama nacional.
