Por Frank Lozano:
La remoción de Santiago Nieto, como titular de la FEPADE, ha desatado una nueva crisis política en el país y se suma a otras acciones en las que el poder ejecutivo federal genera desconfianza.
Al parecer, la Presidencia de la República y el PRI decidieron crear un embudo en torno a las instituciones que más dolor de cabeza le traen al régimen. Tristemente, estas tres instituciones descabezadas son uno de los pilares fundamentales que sostienen el Estado de Derecho: la Procuraduría General de Justicia de la República, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales y el Sistema Nacional Contra la Corrupción.
El mensaje que manda esta maniobra es terrible. Devela la imagen de un gobierno calculador, cuyo nivel de cinismo rebasa en mucho a cualquier otro. Los criterios contra la remoción de Nieto no se aplican con la misma vara. La filtración de información ha estado presente en este y en otros gobiernos, y en éste, como en otros casos, es igual de repudiable.
Una y otra vez, las instituciones de procuración de justicia han sido usadas para golpear políticamente. En este caso, el golpe tiene como finalidad acallar una investigación, la del posible soborno de la empresa brasileña Odebretch a Emilio Lozoya, ex director de PEMEX.
Detrás del entuerto palpita el halo de la corrupción. La medida, lejos de abonar a la transparencia, refuerza en la mente de los mexicanos la idea de que se está ocultando información y de que se está protegiendo, más allá de Emilio Lozoya, al presidente mismo. La posibilidad de comprobar el uso de recursos ilícitos en la campaña presidencial del 2012 terminaría por derrumbar al gobierno y al PRI.
Para el régimen, Nieto llegó demasiado lejos. Se volvió algo más que una amenaza y la fuerza del Estado está operando para atajar la crisis. En primer lugar, convirtiendo a la víctima en delincuente. Hoy, el denunciante es el denunciado. Pelea en contra del aliado electoral del PRI, el Partido Verde y en contra del amigo del presidente de la República. Con esos incentivos, cualquiera desiste en la honorable misión de restaurar la legalidad.
Por su parte, la oposición está dando la batalla. La mayoría del Pan, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano se ha unido en el senado para dar la batalla por recuperar la dignidad de las instituciones. Es una batalla de coyuntura, pero que vale la pena luchar juntos.
La oposición está entendiendo a la perfección que parte de lo que está en juego es la elección presidencial del 2018, pero que este tema va mucho más allá; lo que está en juego es la supervivencia misma de las instituciones.
La debilidad institucional favorece a la impunidad, favorece al crimen organizado, favorece la perpetuación de una clase política cínica y corrupta, mientras lleva al país al filo de la catástrofe.
