Por Frank Lozano:
A un año de los trágicos sucesos del 26 de septiembre de 2014, en los que desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el balance para el país es negativo.
El gobierno federal dilapidó el capital político que había logrado tras el pacto por México y el paquete de reformas que se aprobaron. Con el capital político, se fue la credibilidad del Presidente, la del entonces procurador cansado, Murillo Karam, y otro tanto de la del Secretario de Gobernación, Osorio Chong.
El eco de la indignación fue internacional. Se escucharon muchos pronunciamientos de las principales capitales del mundo. Algunos grupos parlamentarios elevaron el tono de protesta contra el gobierno mexicano y se formó una red internacional solidaria con los padres de los 43 estudiantes.
Sumado a la tardanza en atender el asunto, el gobierno federal acumuló agravios por las pifias internas, por un pésimo manejo mediático del asunto, que por momentos rayó en la frivolidad, como el famoso “ya supérenlo”.
La imagen internacional del país se oscureció. La credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto se puso en entredicho. Su popularidad cayó hasta niveles muy bajos. Las principales fuerzas políticas del país hicieron un silencio vergonzoso frente a un tema que, desde un principio, requería ser tratado como un problema de Estado.
En el inter, se desató en la opinión pública nacional e internacional una batalla que aún no termina, la batalla por construir una versión de los hechos. Se han escrito miles de hojas. Se han vertido opiniones en todo sentido. Se han realizado entrevistas, recuentos. Se le han buscado todos los ángulos posibles a la tragedia y para una buena parte de la población, aún hay incertidumbre.
Están los que no creen en la Procuraduría General de la República. La institución que, hace poco, fue evidenciada a través de un video sembrando un arma en el automóvil de un abogado que tiene un litigio contra una empresa, para variar, ligada a intereses del Presidente de la República y de su Secretario de Comunicaciones y Transportes. Y están los que, a pesar de estas cosas, respaldan las investigaciones de la PGR y descalifican el reporte del grupo interdisciplinario, que cuestionó “la verdad histórica” de Murillo Karam.
A casi un año de la desaparición de los estudiantes, el gobierno federal sigue atrapado y contra la pared. Con baja credibilidad, con una serie de frentes abiertos que van de lo económico a la fuga del chapo y a los recortes presupuestales, no se ve por dónde puedan darle carpetazo al asunto.
El activismo de los padres y de los grupos radicales que los respaldan continuará a lo largo del sexenio, mientras los padres sigan teniendo la esperanza de encontrar a sus hijos.
Lo cierto es que en este punto, al parecer, lo que unos y otros llaman la verdad, ya no cuenta. Estamos ante un escenario donde todos pierden. No hay fe, ni esperanza que alcance para regresar a los muchachos; por otra parte, el gobierno federal agotó su capacidad de aportar evidencias convincentes.
Le queda lidiar políticamente con un grupo que no entenderá razones. Le queda pagar los platos rotos por no haber tenido una reacción decidida cuando debió tenerla. Le queda explicar qué pasa con la heroína que se produce en esa zona y las fallas detectadas por el grupo interdisciplinario.
Por su parte, a los normalistas les queda explicar si existe o no una relación con el grupo delictivo llamado los rojos. Por su propia credibilidad, deben deslindarse de la sospecha de que fueron enviados al matadero por líderes sin escrúpulos y de que son utilizados como carne de cañón.
En tanto, este primer aniversario nos deja la sensación de que el sexenio de Peña Nieto se acabó, de que los tres años que le faltan a su gestión ya se vivieron en 365 días.
