Por: Juan Morán
En 2013 entró en vigor una ley que presumía marcar la pauta de lo que sería un gobierno empeñado en prevenir e identificar las operaciones de procedencia ilícita y en combatir la corrupción, tareas desdibujadas con el paso de los años.
Con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –título que se antoja para una novela de Haruki Murakami– el gobierno tiene a su disposición un “rottweiler” dotado de dientes y garras, que controla y amenaza a todos aquellos que accidentalmente o de manera habitual realizan “actividades vulnerables”.
Esta ley, de título complicado de memorizar y que parece más un trabalenguas, tiene la noble tarea de identificar las operaciones que pudieran provenir de recursos ilícitos, es decir, identificar la procedencia financiera del crimen organizado con la patriótica finalidad de prevenir el lavado de dinero y con ello combatir con gallardía la corrupción, que como una hiedra se ha enredado en nuestra sociedad. Para ello, en su articulado regula una serie de actividades consideradas como “vulnerables”, por ser aquellas en donde los criminales pudieran tener mayor interés. Entre ellas se encuentran la venta de bienes inmuebles, arrendamientos de los mismos, venta de joyas o vehículos de lujo como automóviles, yates o aviones, subastas de obras de arte, etc.
A pesar de este catálogo de actividades por las cuales se pretende llegar a la raíz de todos los males, es sabido por todos que el mayor interés del narcotráfico y el crimen organizado es proveer de recursos a los partidos políticos en los procesos electorales. Sin embargo, aunque existen pruebas contundentes de que ha habido recursos de procedencia ilícita en las elecciones populares, la mencionada ley no regula en ninguna parte las actividades por las cuales los partidos reciben dinero para sus campañas, ni de quién recibe los recursos para estos fines. Tampoco se regula las cantidades en efectivo de las cuales pueden disponer y ninguna obligación de presentar avisos a las autoridades correspondientes.
Dicho de otra manera, los partidos políticos no están sujetos a esta ley, cuando resulta que la mayor participación de recursos de procedencia ilícita está presente en los procesos electorales. La ironía brilla como una estrella en cielo abierto; una ley que tiene como fin identificar y prevenir operaciones de procedencia ilícita pero maliciosamente no toca ni con el pétalo de una rosa a quienes se sabe se allegan de recursos de dudosa procedencia.
La reflexión a todo esto es dejarnos en claro un nítido ejemplo de cómo funciona el sistema político en México: “Ten un rottweiler que amenace y controle a los demás, pero que no muerda la mano de su amo”.
