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La tesis del emperador

Por Alejandra Eme Vázquez:

Una vez, una compañera de la licenciatura en Letras Hispánicas presentó como suyo en clase un poema conocidísimo de Sor Juana y no hubo poder humano que la hiciera aceptarlo, a tal grado que todos decidimos abandonar cualquier intento por señalárselo y recibió una calificación aprobatoria. No muy distinto a cuando a la manera de Melania Trump, cierto rector de la UAA copió tan bien el discurso de su par de la UdeG, que dijo “Jalisco” por “Aguascalientes”; o cuando se ha premiado con todos los honores a escritores que luego han sido acusados de “tomar prestada” su obra de fuentes que nunca declaran; o cuando instituciones muy  prestigiosas han tenido que anular grados académicos y retirar de sus bibliotecas trabajos a los que se ha comprobado deshonestidad académica. Y ahora, a los Grandes Momentos Del Plagio en México se suma la revelación hecha por el equipo noticioso de Carmen Aristegui respecto a que la tesis de licenciatura del presidente Enrique Peña Nieto tiene un muy alto porcentaje de copia sin crédito a textos ajenos protegidos por derechos de autor.

Plagiar es una tentación común cuando se trata de hacer investigación formal y la proliferación de trabajos que usan fuentes no declaradas representa un grave síntoma de que no estamos logrando lo que se supone que deberíamos lograr, en un sistema educativo cuya pretensión es formalizar la generación de conocimientos específicos para que los individuos hagan contribuciones significativas y reconocidas a una sociedad del conocimiento en la que, como decía Alfonso Reyes, “todo lo sepamos entre todos”. Es cierto que quienes damos clases en cualquier nivel nos encontramos con que muchos alumnos tienen una resistencia casi inexplicable para dar crédito a sus fuentes, como si decir de dónde tomaron la información los hiciera menos originales o inteligentes; puede resultar muy difícil convencerlos de que al contrario, reconocerlo es un acto no sólo de honestidad sino de prestigio, y que hacer lo opuesto no es muy distinto al robo en despoblado. Será que el propio sistema nos hace creer que no estamos capacitados para llegar por nuestras propias vías a un producto de investigación satisfactorio o que la academia se ha rodeado por idealizaciones contraproducentes, el caso es que si bien dominar el formato APA, el entrecomillado y todo aquello que requiere una investigación en forma no es una tarea complicada, es muy frecuente que se renuncie a ella de antemano y se concluya que la salida más fácil es copiar lo que ya está legitimado. Y rezar para que nadie se entere.

Titularse en Derecho con una tesis que presenta plagio quizá no sea causal de revocación de mandato, pero sí es otro amargo chiste protagonizado por este nuestro presidente cuyos lados flacos parecen un pozo sin fondo, siempre dispuesto a caer un poco más bajo cada vez, siempre fallando en asuntos que terminan por ser accesorios y diluirse en un amargo sabor de boca que no se quita del todo, en espera del siguiente escándalo. En este país, donde ser miembro del ámbito académico es un privilegio de muy pocos, plagiar se considera alta traición ética porque si la academia se funda en el principio de buscar aportaciones individuales para el conocimiento común que mejore a la sociedad, resulta de verdad indignante que alguien quiera hacerse el listo construyendo un discurso a lo Frankenstein, a partir de retazos de lo que otros han aportado, con el único fin de inscribirse gratuitamente al sistema y beneficiarse de él sin aportar absolutamente nada. ¿Qué clase de sociedad del conocimiento puede construirse desde estas prácticas deshonestas?

De ninguna manera se trata de argumentar sobre una pretendida ejemplaridad de la figura presidencial, que desde hace mucho ha quedado anulada, ni de rasgarse las vestiduras como si lo académico lo fuera todo en la vida o garantizara algún valor intrínseco en las personas, porque no es así; se trata simplemente de indagar en la propia estructura que lidera Peña Nieto para ver si encontramos algunas respuestas que resuelvan este tipo de casos. Y las hay, por supuesto.

En el apartado “Conductas altamente perturbadoras del orden” del Marco para la Convivencia Escolar en educación básica, aparece el plagio tipificado como deshonestidad académica y se refiere al acto de “apropiarse del trabajo de otro y utilizarlo para su propio crédito sin realizar la cita correspondiente, copiar trabajos escritos de Internet u otra fuente”. Las sanciones están en el rango de las faltas graves y es que, visto estructuralmente, el plagio constituye un golpe doloroso al recién estrenado modelo sobre el que se basa la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto, una de las máximas apuestas en la promesa de reestructurar al país desde sus bases. Un Estado que propone a la educación formal como eje fundamental del progreso en cualquiera de sus vías no puede menos que condenar el plagio, que bien podría ser considerado como el dopaje del trabajo académico y quizá ni eso, porque al menos el atleta dopado compromete su cuerpo en la competencia, mientras que el plagiario juega a validar como propio un discurso en el que la gran ausencia es, precisamente, su voz.

En la Política contra el plagio académico del gobierno federal, a través del sistema de Reconocimiento de Saberes Adquiridos de la Secretaría de Educación Pública, se declara que el plagio “será entendido como la presentación de un trabajo elaborado total o parcialmente por otra persona como propio, o la copia de textos académicos que no cuenten con la debida cita. También se considerará plagio el abuso de citas académicas, la evidencia de que un trabajo o video fue conducido indebidamente por un tercero, y no será relevante si el plagio corresponde a sólo una parte mínima del trabajo o video presentado, ya que ello será considerado su­ciente [sic] para que la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación adopte las medidas legales pertinentes y, en particular, deseche, niegue o anule el trámite correspondiente”. Este breve documento deja claro que el plagio académico es inadmisible y que las primeras consecuencias remiten al desprestigio del nombre de la persona, pero que esto no le exime de las sanciones legales porque a fin de cuentas constituye una falta a la legislación de derechos de autor.

Por eso sorprende que, contra los propios lineamientos del gobierno que encabeza, el comunicado presidencial en respuesta a las acusaciones del equipo de Aristegui acepte que existe el problema pero intente neutralizarlo con esta declaración: “Por lo visto errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico”. Por más que se intente instalar un eufemismo muy fallido (“errores de estilo”) y deslizar el asunto a si la investigación periodística es dolosa o no, la verdad es que esto no es un asunto de juicios subjetivos, sino de volver la vista a los preceptos del propio gobierno de Enrique Peña Nieto y recordar que según documentos oficiales publicados durante su administración, es muy claro que el plagio no es un asunto menor, que su señalamiento no tiene fecha de caducidad y que debe tener repercusiones no sólo a nivel personal, sino ante la institución educativa a la que atañe el caso particular y también ante la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación del sistema educativo.

Ya que la propia Secretaría de Educación Pública manifiesta tajantemente que no hay tal cosa como “plagiar poquito”, la ausencia de crédito a autores citados y las citas sin entrecomillar que se reconocen en el comunicado presidencial son suficientes para iniciar una investigación desde las instancias correspondientes y tomar las acciones que sean necesarias. No puede haber mejor momento para hacerlo que el inicio del ciclo escolar 2016-2017 y la entrada en vigor, por la puerta grande, de la reforma educativa peñanietista. Ante tal escenario, lo menos que puede esperarse es que en este caso concreto se visibilice claramente todo el protagonismo que el gobierno federal ha dado a la construcción y puesta en práctica de un estricto estándar de calidad en la educación formal.

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