Por Oscar E. Gastélum:
Entre los rebuznos y balbuceos emitidos por los voceros del régimen y los aduladores a sueldo en las últimas semanas, quizá ninguno sea tan irritante y perezoso como el que alega que es injusto responsabilizar al “Señor Presidente de la República” de lo sucedido en Ayotzinapa. Después de todo, remata este paupérrimo razonamiento, tanto el alcalde de Iguala como el gobernador de Guerrero pertenecen al PRD, un partido de “izquierda”, y no al heroico y rejuvenecido “Nuevo” PRI. Comencemos por reconocer lo obvio: El PRD es un membrete moribundo y putrefacto (mientras escribía esto Cuauhtémoc Cárdenas renunciaba al partido que fundó), y la izquierda partidista es un conglomerado de tribus rapaces y primitivas con “ideas” ridículamente obsoletas e incapaz de oponer verdadera resistencia a la derecha reinante. Ya habrá tiempo de castigar en las urnas la ineludible responsabilidad del PRD y su excrecencia “MORENA” en el caso Ayotzinapa, pues la indignada ciudadanía no olvidará el ignominioso papel que jugó la “izquierda” en este crimen.
Pero la responsabilidad del esposo de Angélica Rivera es muchísimo mayor y exigirle cuentas un deber ciudadano urgente e inaplazable. Me apena tener que recordarle a tantos despistados oficiosos que combatir al crimen organizado, y en especial al narcotráfico, es una de las principales obligaciones del gobierno federal, que tendría que haber detectado y detenido a los Abarca mucho antes de que los normalistas se ahogaran en ese pozo de sanguinaria corrupción. Además, el candidato del “Nuevo” PRI ganó la presidencia tras una elección en la que el partido gobernante se desplomó hasta un lejano tercer lugar castigado por un electorado harto de la violencia desatada por la irresponsabilidad criminal de Felipe Calderón. Es dolorosamente obvio que el sonoro e inapelable mandato que recibió el nuevo Presidente en las urnas fue terminar con la violencia generada por la guerra sin estrategia emprendida el sexenio pasado. Pero ni Peña Nieto ni sus amaestradores tuvieron la lucidez necesaria para comprenderlo, y prefirieron concentrar sus energías en pactos políticos huecos y reformas de relumbrón inútiles o contraproducentes (una reforma energética que no tocó al sindicato de Pemex, una reforma fiscal que inventó nuevos impuestos en medio de una recesión, una reforma educativa diluida por los poderes fácticos, etc.) al tiempo que trataban perversa e ingenuamente de barrer bajo el tapete la incómoda realidad de la terrible violencia cotidiana. Al más puro estilo del viejo PRI, el gobierno compró el silencio de la mayoría de los medios de comunicación que servilmente retiraron cualquier atisbo de violencia asociada al crimen organizado de sus primeras planas y la reemplazaron con burda propaganda presidencial.
La crisis en Michoacán fue una advertencia y una oportunidad para enmendar el camino que el gobierno de Peña desperdició. Obstinado en vender una versión fraudulenta del país y de sí mismo en el extranjero, El “Salvador de México”, decidió que la mejor manera de enfrentar una situación atroz e insostenible era negándola y ocultándola. La frivolidad indiferente de este gobierno ayudó a sembrar de cadáveres las fosas clandestinas descubiertas en Iguala y las que seguramente cubren buena parte del territorio nacional y que no descubriremos nunca.
A esto hay que añadir la imperdonable torpeza con la que el régimen se ha conducido desde que estalló esta crisis. La PGR, por ejemplo, tardó diez valiosos días en atraer un caso que, de ser cierta la versión de los hechos revelada por el arrogante y decrépito Procurador, hasta los mismos sicarios reconocieron como un escándalo en potencia (de otra manera no se explica la sospechosa urgencia por reducir a cenizas los cadáveres de los normalistas en lugar de enterrarlos rutinariamente en otra fosa).
Por si esto fuera poco, Peña Nieto nunca puso un pie en Iguala y se fue tranquilamente de viaje a China en medio de una crisis política que amenazaba con destruir su régimen de apariencias.
Lo que vino después fue un auténtico y desconcertante carnaval de desatinos, ridículos incomprensibles, errores garrafales y despliegues de fuerza bruta que no han hecho más que exponer la debilidad de un gobierno sin brújula.
Tras la elección de 2012 muchos se tragaron el cuento de que el Príncipe idiota iba estar rodeado por competentes operadores políticos y sagaces asesores. La crisis desatada por Ayotzinapa pulverizó ese mito y evidenció que alrededor de un líder débil, ignorante, corrupto, estúpido y cobarde hay una camarilla compuesta por tecnócratas ineptos y soberbios y fósiles políticos “cansados” y armados con mañas arcaicas, impropias de una era en que la comunicación instantánea y las redes sociales han derribado regímenes más rancios y brutales que el del PRI.
Por todo esto y muchas razones más, exigir la renuncia de Peña Nieto es una demanda ciudadana legítima, responsable y urgente, que no parte de obscuros complots desestabilizadores como este gobierno y sus corifeos quieren hacernos creer.
