Por Alejandro Rosas:
La sociedad mexicana ha sido tradicionalmente veleidosa y comodina. Los grandes movimientos sociales de nuestra historia –como generalmente son definidas la independencia, la reforma y la revolución– tuvieron un impacto real sobre toda la población pero en ellos sólo se involucró una pequeña porción de la sociedad. Más que protagonista, la sociedad se encuentra a gusto desde las gradas del espectador.
El comportamiento de las mayorías en México no es una excepción, la historia del Mundo se ha desarrollado a través del liderazgo de minorías rectoras a las cuales se suma una parte de la sociedad; la diferencia radica en que una vez alcanzados los objetivos señalados por los líderes, el grueso de la población se involucra con la gran transformación, asume la necesidad del cambio, lo impulsa, lo alienta, lo vigila y participa.
En México suele ocurrir lo contrario, una vez que sobreviene el cambio –no necesariamente por vía pacífica, como ocurrió en las primeras décadas del siglo XX–, el ánimo transformador que impulsó a la sociedad vuelve a un primitivo e irritante estado letárgico, esperando que el hombre providencial se encargue del resto.
Cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia en 1876, el caudillo tomó las riendas de un país conformado por una sociedad mayoritariamente rural, iletrada, analfabeta y además dividida. Nunca concibió a los mexicanos capaces de conducir su propio destino, ni siquiera vio en ellos atisbos de madurez cívica ni de conciencia política como para considerar que la democracia podría acompañar el anhelado progreso material.
“Yo recibí el mando de un ejército victorioso –dijo Díaz en 1908 frente al periodista Creelman–, en una época en que el pueblo se hallaba dividido y sin preparación para el ejercicio de los principios de un gobierno democrático. Confiar en las masas toda la responsabilidad del gobierno hubiera traído consecuencias desastrosas que hubieran producido el descrédito de la causa del gobierno libre”.
Frente al cambio que significó la llegada de Díaz al poder –acompañado con un relevo generacional en la clase política–, la sociedad mexicana procedió con pragmatismo y aceptó voluntariamente los métodos utilizados por el régimen para garantizar la paz, la estabilidad y el progreso, muchos de los cuales no estaban contemplados en la ley o se realizaban al margen de ella.
La sociedad respondió con docilidad debido a la amarga experiencia histórica. No podía ser de otra forma; desde la década de 1820, cuando México alcanzó su independencia y hasta la de 1870, no hubo un decenio en que el país que no fuese sacudido cuando menos por un conflicto armado ya fuese nacional o internacional. La vida cotidiana transcurrió entre asonadas y levantamientos, entre la elevación de un presidente y su rápida caída, entre los asaltos y la incapacidad de dar certezas y seguridades a los ciudadanos.
El desgaste de la sociedad había llegado a su límite y la paz se convirtió en obsesión y catalizador de la transformación en ciernes. “Todo se sacrificaba a la paz –escribió Justo Sierra–: la Constitución, las ambiciones políticas, todo, la paz sobre todo. Pocas veces se habrá visto en la historia de un pueblo una aspiración más premiosa, más unánime, más resuelta”.
En cuanto echó raíces la pax porfiriana y el régimen comenzó a dar resultados tangibles: seguridad pública, estabilidad política, crecimiento económico y progreso material, la sociedad en su conjunto terminó por entregarle voluntariamente la potestad sobre sus derechos políticos y libertades públicas, en un proceso paulatino, sutil, casi imperceptible, pero que a la vuelta de los años había generado una serie de contradicciones sociales irreversibles que llevaron a la República a la insurrección.
La sociedad que emergió de la revolución mexicana siguió un camino similar al de la generación anterior. El movimiento iniciado en 1910 reconfiguró la estructura social. Elementos de la clase media se convirtieron en la nueva elite política y las clases populares, ignoradas durante el porfiriato, ocuparon un lugar preponderante dentro del nuevo estado revolucionario como parte del discurso legitimador del grupo en el poder.
Hacia 1940, la sociedad estaba anímicamente agotada. Las últimas tres décadas habían sido marcadas por la violencia como forma de vida. Entre 1910 y 1920 la revolución cobró un millón de víctimas; no todas como consecuencia directa de la guerra. El total se conformaba con los combatientes caídos, con las víctimas de las epidemias que asolaron al país en esos años –como la de la influenza española– y con los desplazados.
De 1920 a 1940 el país padeció todavía cinco levantamientos armados que marcaron a la sociedad: la rebelión de Agua Prieta (1920); la rebelión delahuertista (1923-1924); la guerra cristera (1926-1929) –la de mayor impacto con 75 mil víctimas–, la rebelión escobarista (1929) y la cedillista (1939), con la que llegó a su fin la era de los movimientos armados.
Desde 1940, la sociedad en general se rindió al “canto de la sirenas” de la paz social, de la estabilidad, del crecimiento económico, de las obras públicas anunciadas entre bombos y platillos, de la industrialización, de la educación gratuita, de la seguridad social, logros nada despreciables para un país que dejaba atrás el caos pero que estaban cimentados sobre un entramado de autoritarismo, impunidad y corrupción cada vez mayor, construido por el régimen surgido de la revolución.
Como en el porfiriato, la paz fue una condición para que el sistema pudiera garantizar su éxito y para que la sociedad se entregara sin reparos a sus mecanismos de control, cediendo una vez más, de manera voluntaria, sus derechos políticos. Pero en ambos periodos “era una paz vergonzosa, porque no tenía por base el derecho sino la fuerza. Porque no tenía por objeto el engrandecimiento y la prosperidad de la Patria, sino enriquecer a un pequeño grupo” –la cita, de Madero, pudo haber sido escrita, sin más, en el cenit del sistema político mexicano priísta.
Durante el siglo pasado, la sociedad mexicana legitimó al sistema al participar de la ficción democrática y asimiló todos los vicios de la cultura política –presentes en la actualidad– para hacerlos parte de la vida cotidiana en la vecindad, en el barrio, en la colonia, en el fraccionamiento, en el condominio, en el pueblo; del ámbito local al ámbito nacional.
De ese modo, la sociedad le abrió espacio a la simulación, a la corrupción dentro de la esfera pública y privada; a la indolencia ante la represión ejercida sobre movimientos ciudadanos que exigían el respeto de sus derechos, a la indiferencia frente a la vida política, al individualismo feroz que creó la subcultura del agandalle, a la posibilidad de violar la ley sin consecuencias, a la mediocridad, a la intolerancia, a la frustración. La sociedad era reflejo del sistema, su conciencia estaba construida a su imagen y semejanza.
El régimen quiso explicar la conducta social a partir de la construcción de uno de los grandes mitos de la historia oficial –que le servía también para legitimarse– y que repitió como una verdad absoluta: los vicios morales que arrastraba la sociedad no provenían del propio sistema político mexicano, sino de la Conquista, de los tres siglos de dominación española, del pasado remoto de México. La corrupción, la mediocridad y el derrotismo eran parte de la naturaleza del mexicano por haber sido un pueblo conquistado.
Pero no todos compraron esa interpretación manipulada de la historia. En 1939, poco antes de la fundación de Acción Nacional, Manuel Gómez Morin señaló: “No, no es cierto que los males que aquejan a México sean una parte ineludible del destino nacional; derivan de actos positivos o de omisiones del Estado. Derivan, sobre todo, de nosotros mismos, de todos los mexicanos, de esa especial psicología, contra la cual debemos luchar, que nos hace resignarnos ante la falsa fatalidad de los acontecimientos”.
No se equivocaba, a pesar de los vicios morales y de la manifiesta apatía e indiferencia que formaron parte de la vida cotidiana bajo el régimen priísta, en todo momento hubo grupos que encabezaron la resistencia contra el sistema y lograron despertar la conciencia cívica.
La movilización ciudadana de los últimos años –la marcha zapatista del 2001, la marcha contra la inseguridad, contra el desafuero, la defensa de Atenco, entre muchas otras–, bajo un régimen que ha respetado la libertad, no se entenderían sin la oposición abierta de grupos sociales –ferrocarrileros, médicos, maestros, estudiantes– que enfrentaron la peor versión del autoritarismo priísta en el siglo XX.
La transición ha sido un proceso largo y por momentos doloroso y desesperanzador. Sin embargo, la presión social ha sido fundamental para impulsar las reformas políticas que le han otorgado a la democracia una nueva oportunidad.
La sociedad se ha transformado cualitativamente y a un ritmo más acelerado que la clase política. Ha sido artífice de la transición pero es ambivalente e inconsistente. Se compromete con las grandes causas nacionales pero a nivel particular, continúa arrastrando los vicios que marcaron a las generaciones anteriores.
La sociedad sale a depositar su voto, pero a nivel personal, el mexicano se estaciona en doble fila; se manifiesta junto con decenas de miles protestando contra la inseguridad pero al hacer un trámite ofrece mordida; defiende su voto pero tira la basura en la calle sin empacho; firma desplegados contra las injusticias pero invade los carriles confinados; se solidariza con las víctimas de algún desastre natural pero deja de pagar el mantenimiento del condominio; le regala una moneda al indigente pero no paga el seguro social de sus trabajadores; se indigna ante el generoso aguinaldo que se otorgan los diputados pero compra en la piratería; se siente orgulloso de ser mexicano pero evade impuestos; acepta el redondeo por la educación pero no se comporta con civilidad y urbanidad en la vida cotidiana; se compromete como funcionario de casilla pero se queda a mitad de un crucero cuando no tenía oportunidad de llegar a la otra esquina; se ofende con el trato a los indígenas pero humilla al mesero; promueve la ecología pero desperdicia el agua; aporta para el Teletón, pero no le paga a tiempo a sus empleados; critica el dispendio del gobierno pero no respeta el tiempo de los demás; pide que se denuncie al delincuente menor pero se codea como socialité junto a políticos y empresarios corruptos enriquecidos a costa de prebendas e impunidad. La máxima parece ser: ¡Que se jodan los otros, no yo!
Bajo esta lógica, en ese ámbito de lo cotidiano, la sociedad actual se ajusta a la descripción que hizo Porfirio Díaz de aquella a la que gobernó hace un siglo:
“Los mexicanos están contentos con comer desordenadamente antojitos, levantarse tarde, ser empleados públicos con padrinos de influencia, asistir a su trabajo sin puntualidad, enfermarse con frecuencia y obtener licencias con goce de sueldo, no faltar a las corridas de toros, divertirse sin cesar, tener la decoración de las instituciones mejor que las instituciones sin decoración, casarse muy jóvenes y tener hijos a pasto, gastar más de lo que ganan y endrogarse con los usureros para hacer ‘posadas’ y fiestas onomásticas. Los padres de familia que tienen muchos hijos, son los más fieles servidores del gobierno, por su miedo a la miseria; a eso es a lo que tienen miedo los mexicanos de las clases directivas: a la miseria, no a la opresión, no al servilismo, no a la tiranía; a la falta de pan, de casa y de vestido, y a la dura necesidad de no comer o sacrificar su pereza.”
Parecen nimiedades; pequeñeces de la vida cotidiana, pero en ellos se manifiesta la falta de civilidad y de civismo que impiden una transformación completa y definitiva de la mentalidad del mexicano.
Bajo la sombra del autoritarismo, la gente asumió convenientemente el papel de vasallos antes que asumirse como ciudadanos. Rehuyó a sus responsabilidades cívicas y entregó sus derechos políticos. Una vez que Madero ocupó la presidencia a través de los votos, no de las balas, expresó: “el mexicano se ha elevado del triste papel de paria a que estaba sujeto bajo la dictadura, a la augusta jerarquía del ciudadano”.
Durante años, la mayor parte de la sociedad desestimó la alternativa de comportarse como ciudadanos y aceptó, simuló y apoyó con indiferencia las acciones del gobierno, hasta que el sistema comenzó a fracturarse desde finales de la década de 1960 –con la represión sobre los estudiantes que sacudió la conciencia de la clase media– y llevó a los mexicanos a padecer un largo periodo de crisis cíclicas que arruinaron económicamente al país.
Entre las razones que explican el vasallaje que asumió la sociedad –su triste papel de paria–, se encuentra el grave y permanente problema de la educación que, en nuestro país, ha sido entendida como instrucción –acumulación de datos sin orden ni concierto, alejados de la reflexión y de la crítica–, y en el peor de los casos como adoctrinamiento.
Pero si bien, una parte de la sociedad cedió voluntariamente sus derechos políticos ante la era de paz y estabilidad que se abría, el sistema condujo obligatoriamente al vasallaje a amplios sectores de la población a través del corporativismo.
Obreros, campesinos, maestros, mineros, petroleros, electricistas y burócratas, fueron sometidos al sistema clientelar, con el que el partido oficial garantizó su triunfo en todas las elecciones y además, el control político para evitar el surgimiento de grupos disidentes. El sistema les arrebató su individualidad a los trabajadores y los convirtió en “masas”, donde no cabía el ciudadano libre e independiente.
