Por Frank Lozano:
Animal político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dieron a conocer un trabajo periodístico titulado “La Estafa Maestra”. Las dimensiones de lo expuesto son espeluznantes. 7 mil 670 millones de pesos malversados, evaporizados por once dependencias del gobierno federal, en complicidad con ocho universidades públicas. Un negocio redondo al estilo de la mafia.
El golpe dado a las finanzas es más que bajo. Lacera las oportunidades de los más pobres, como lo es la cruzada contra el hambre. Debilita aún más al sector energético, por los 36 convenios fraudulentos avalados por PEMEX, y termina por sepultar la confianza ciudadana en las instituciones.
Empresas inexistentes o sin capacidad para llevar a cabo los compromisos que se establecieron. Empresas vinculadas con personas con antecedentes penales, que tenían relación con grupos criminales. Funcionarios de primer orden del gabinete del presidente Peña Nieto, como Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza y Emilio Lozoya nuevamente involucrados en escándalos y un gobernador electo en uno de los comicios más sucios que ha habido recientemente.
Hace menos de un mes el presidente Peña Nieto hablaba en un evento de su partido sobre la corrupción. Y pareciera que, en la medida en la que invoca el tema, lejos de sepultarlo, vuelve sobre su administración con más fuerza. Este suceso, calificado por el auditor superior de la federación como fraude, confirma el fracaso de la actual administración, así como su vocación y naturaleza corrupta.
Por decoro, los once jefes de las secretarías involucradas, lo menos que podrían hacer es separarse de sus cargos para no interferir en la investigación. No obstante, se mantienen en sus cargos sin el más mínimo gesto de dignidad. No les corre sangre por las venas, les corren excusas. La investigación periodística, cuando menos, deja al descubierto su ineptitud y su incapacidad de tener control sobre lo que sucede en sus dependencias. Esa simple omisión bastaría para hacerlos dimitir e investigarlos por negligencia.
La respuesta oficial tampoco tuvo desperdicio. En pocas palabras, el comunicado del gobierno federal nos da a entender que ya sabían del asunto. Que ya se investiga. Que no es noticia ni novedad. Y claro, que se llegará a las últimas consecuencias. Ya sabemos lo que eso significa: un Virgilio Andrade.
Por otra parte, como ha sucedido en otros casos de corrupción o conflicto de interés anteriormente exhibidos, llama la atención el silencio de la clase política. Sin excepción, los partidos políticos nacionales guardan un silencio sepulcral. Imbuidos en sus miserables grillas internas, callan. Quizá lo hacen porque los tentáculos del monstruo corruptor los envuelven.
¿No sería esta una maravillosa oportunidad para arremeter contra el gobierno federal y capitalizar su debilidad? ¿Y el Congreso de la Unión, los medios, los organismos de representación intermedia? Silencio.
Frente a ello, uno se pregunta ¿qué debe pasar en este país para que las cosas cambien de fondo? En nuestro México, no solo nos estamos quedando sin esperanza, también nos estamos quedando sin opciones racionales para gestionar nuestra decepción. Y eso, más que tristeza, debería darnos pánico.
