Por @Bvlxp:
El 22 de marzo pasado, el Juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, Anuar González Hemadi, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en favor de Diego Cruz Alonso, ordenando dejar insubsistente el auto de formal prisión por el delito de pederastia según éste se encuentra tipificado en el Código Penal del Estado de Veracruz, al no encontrarse acreditados los elementos de dicho delito ni la probable responsabilidad del procesado.
Diego Cruz Alonso fue acusado de participar en la violación de Daphne Fernández junto con otras tres personas: Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales y Gerardo Rodríguez Acosta. Todos de nombre, antecedentes y apariencia muy mirrrey. Capitaine se encuentra preso en el penal de Amatlán de los Reyes, acusado de violación; Cotaita, acusado de efectuar tocamientos a Daphne junto con Diego Cruz en el asiento trasero del auto de Capitaine, se encuentra prófugo; y Rodríguez se encuentra libre dado que no se presentó ninguna acusación formal en su contra.
En una sociedad harta de impunidad, corrupción y privilegios como en la que vivimos, y con una narración de los hechos como la del caso Daphne Fernández, resulta imposible simpatizar con los llamados Porkys de Veracruz. En casos como este, instintivamente todos estamos del lado de la víctima. No hay modo de no estarlo. Desafortunadamente, el hartazgo y la polarización social harán muy difícil que se llegue a la verdad de los hechos, que los culpables reciban un castigo justo y que la opinión pública quede satisfecha. El enojo social es mal amigo de la justicia.
Al conocerse el fallo del juez González Hemadi, la opinión de Internet y la opinión en prensa estallaron en cólera al difundirse masivamente una porción de la sentencia favorable a Diego Cruz. La selección del pasaje de la sentencia fue hecha con el fin de escandalizar y el efecto buscado se logró con creces. La histeria de la indignación y el catastrofismo no se hicieron esperar y la gente que caza estos casos para avanzar su agenda afiló los colmillos. El fragmento publicado llevó a mentes que cuando logran serenarse son bastante agudas y pertinentes, a desgañitarse diciendo, entre otras cosas, que la sentencia significaría que nadie jamás podrá volver a ser castigado por tocar a una mujer sin su consentimiento.
Sin embargo, un análisis más a fondo y completo de la sentencia revela un fallo, que si bien es discutible (por fortuna está siendo apelado), es mucho más sólido de lo que la opinión fácil y energúmena le reconoce. La sentencia se fundamenta en el principio de la presunción de inocencia (reafirmado y robustecido bajo el nuevo sistema de justicia penal), en contradicciones de las declaraciones y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Basado en todo eso y en la mecánica de los hechos, el juez González resolvió que la conducta del acusado no se ajusta al delito por el que fue acusado. Siempre queda la posibilidad de formularle nuevos cargos por otro delito más acorde a su conducta y a las circunstancias.
El caso Fernández está pintado a mano para echar a andar la histeria colectiva: una mujer (entonces en los linderos de la mayoría de edad) en las garras de cuatro mirrreyes ricos, prepotentes y privilegiados, un padre que busca justicia para su hija contra viento y marea, un Estado entonces dirigido por el hoy prófugo Javier Duarte y un país gobernado en general por una cleptocracia. Si bien lo anterior es todo cierto, hay que tomar en cuenta que las circunstancias imperantes al emitirse el fallo son distintas. Aunque los titulares de «IMPUNIDAD EN EL CASO PORKYS» vendan buena cantidad de periódicos y clicks, un análisis más profundo hace difícil hablar de que exista tal y que el juez haya actuado movido por la corrupción o las componendas políticas: Veracruz tiene un nuevo Gobernador electo en una ola de indignación contra el régimen corrupto de Javier Duarte, quien sería el primer interesado en presionar políticamente por la no excarcelación de los acusados; hoy está instalado un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción; Diego Cruz fue perseguido hasta España y extraditado a México; Capitaine se encuentra recluido bajo proceso; y el juez Hemadi sujeto a una revisión administrativa (lamentable y oprobiosa en mi opinión) después de haber emitido su sentencia.
A la opinión pública le es fácil hablar y exigir el respeto de los derechos humanos cuando en su mente están casos como Ayotzinapa, Tanhuato, Tlataya, Nochixtlán, la Guardería ABC; pero es instintivamente indiferente a los derechos humanos de acusados y sátrapas que, con o sin razón, son villanos al ojo común: Diego Cruz, Javier Duarte, Rodrigo Medina, y un largo etcétera. Esta ansia de ser buenos y esta sed justiciera puede llevar a actos indignantes como que los mismos que exigen justicia para una mujer de la que se abusó sexualmente inviten a vengarse por la sentencia con las hijas (aún niñas) del juez de la causa, publicando sus fotos, dirección y teléfono. Es inadmisible sumarse a esa ceguera y ese frenesí de linchamiento. Cuando la iracundia de la muchedumbre amedrenta a los impartidores de justicia estamos atentando contra nuestra propia seguridad. Si socavamos la autoridad de las leyes y las instituciones para complacer a Fuenteovejuna, más nos vale recordar que, un día cualquiera, uno de nosotros puede, como Diego Cruz o Anuar González, estar del otro lado de la turba.
