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En defensa del normalismo

Por Alejandra Eme Vázquez:

La educación es el punto en que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no sr por la llegada de los nuevos y de los jóvenes, sería inevitable.

Hanna Arendt

El proyecto de escuelas normales comenzó en México a principios del siglo XX, como consecuencia directa de la lucha revolucionaria. Por lo tanto, a la par de las normales urbanas fueron afianzándose los modelos de normales regionales y escuelas centrales agrícolas, con un esquema de educación comunitaria en el que la docencia se concebía como parte esencial e integrada de la vida comunitaria. Esto se explica muy bien porque el triunfo, al menos aparente, de los ideales revolucionarios implicaba que el progreso no podía lograrse sin articular todos los proyectos nacionales con los principios de la reforma agraria; una formación de educadoras y educadores específicos para el medio rural suponía, entonces, la atención a las necesidades del entorno para lograr un campo autogestivo con un modelo de “escuelas de acción” propuesto por Dewey desde 1923. Por eso, permítaseme el paréntesis, el hecho de que en pleno 2017 la SEP presente como una novedad de su Reforma Educativa que el alumno sea el centro de aprendizaje y que éste no tenga un enfoque memorístico es ridículo, pues desde hace casi 100 años que la educación mexicana plantea claramente esas bases.

Durante toda la década de los veinte, estos dos modelos de escuelas normales no urbanas (las regionales y las centrales agrícolas) convivieron hasta que posteriormente se convirtieron en Escuelas Normales Rurales. La primera de ellas se abrió en Michoacán y pronto comenzaron a fundarse en otros territorios, con planes de estudio de cuatro años y con la idea de que fueran miembros de las comunidades quienes se capacitaran para llevar la educación integral a su propio terruño. Para inicios de los años treinta ya había 16 normales rurales y al parecer eran muy bien vistas por el gobierno posrevolucionario, porque en sus primeros años les fue destinado un presupuesto altísimo y se afianzó el sistema de internados con una idea de “familia” y autogobierno, además de otorgar becas completas de estudios y alimentación para hacer posible un proyecto cuya estructura garantizaba una plaza como profesor(a) de educación básica.

Las normales en general estaban pensadas desde los altos mandos como bastiones del pensamiento crítico que harían posible la praxis de la Revolución, hasta que siempre no. Alicia Civera Cerecedo señala que desde muy pronto el normalismo se vio amenazado por la asignación caprichosa de apoyos y por una ideología que caminó desde el inicio en dirección contraria a la que se supone que debía caminar: “Si en otras épocas el ejército entraba a las escuelas para protegerlas de los cristeros, en 1941 lo hizo para reprimir a los estudiantes [de las normales rurales]”. Después, Gustavo Díaz Ordaz fue quizá el primer gobernante que que repudió públicamente el normalismo por considerarlo “nido de comunistas” y cerró 15 de las 29 escuelas que existían entonces en el país. La intención de fundar una educación que potenciara las posibilidades y capacidades de una población históricamente marginada no se acomodó al neoliberalismo y el sistema comenzó a fraguar estrategias para darle marcha atrás. En 2008, la entonces directora del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, Elba Esther Gordillo, propuso que las normales rurales se convirtieran en escuelas técnicas de turismo porque consideraba que las zonas rurales no necesitaban educación sino explotación comercial.

Todo esto fue invisibilizado durante mucho tiempo, por eso fue tan abrupta y tan terrible la puesta en panorama de estas circunstancias con la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, el 26 de septiembre de 2014, como corolario de una represión y desprecio sistemáticos cuyo rastreo nos lleva a muchos años antes. La investigadora Tanalís Padilla registra, con investigaciones extraídas del Archivo General de la Nación, que “[e]n 1969 el director de la SEP, Ramón Bonfil, en su recorrido a Ayotzinapa, advirtió a los estudiantes que si se les sorprendía ‘agitando’ se les suspenderían sus raciones de comida y se les cortaría el agua y la luz. También amenazó con reducir el número de maestros y expulsar alumnos. Además, aseveró, se circularía una lista con los nombres de cualquier expulsado para que no fueran aceptados en ningún otro plantel”. Esto es una muestra clara del trato caprichoso y contradictorio que estos estudiantes han recibido durante décadas: por un lado, su labor está planteada como un proyecto de innovación social indispensable y por otro, se les trata como “revoltosos” de generación espontánea negando que el propio sistema está hecho para formarlos en el pensamiento crítico y en la lucha por sus derechos.

El caso de Cañada Honda

La semana pasada, las alumnas de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de Cañada Honda, Aguascalientes, estuvieron en el ojo del huracán por encabezar una protesta contra la convocatoria lanzada el 30 de mayo por el Instituto de Educación de aquella entidad, en la que se plantean dos tranformaciones significativas al funcionamiento de la institución: la primera es la reducción de la matrícula, de 120 a 100 estudiantes, y la segunda es la apertura al ingreso de varones, en aras de “una educación incluyente”. Ambas decisiones laceran directamente un normalismo cuya protesta no es nueva; estas alumnas se hacen oír cada año y presentan pliegos petitorios frente a la falta de cumplimiento de sus derechos mínimos.

Especialmente indignante es el argumento del “sexismo inverso”, que se desarticula de inmediato cuando se amplía el panorama y se examina bajo su propio filtro a este sistema que muestra tantísima preocupación en que las mujeres no les roben el espacio a los hombres (hágame usted el favor). Como apunta Tania Magallanes: “No consideran que, si este plantel tiene más de 80 años siendo un internado para mujeres, no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar varones […]  Habríamos de ver primero lo que el Gobierno del Estado entiende por equidad de género, porque al menos en este primer semestre Martín Orozco se ha especializado en presentarse rodeado de hombres que llevan la batuta en los aspectos de primer grado, relegando a un reducido número de mujeres a puestos clave en su administración”.

Para ir en contra del normalismo, en especial de este normalismo rural cuya estructura atenta per se contra los principios neoliberales del sistema en turno, bastan dos estrategias que los gobiernos desde los años treinta han sabido ejercer de mil maravillas: la primera es la imposición sistemática de políticas que impiden llevar a cabo el gran proyecto que supone llevar la educación a los marginados por el propio sistema, que debe hacerse cargo de sus omisiones e injusticias; la segunda es tomar la prevista protesta social de las y los normalistas, que exigen el cumplimiento de los estatutos institucionales de sus escuelas, y vestirla de necedad para criminalizarla sin tapujos. Dice Padilla: “Suelen ser pocos los medios de comunicación que cubren las luchas de los normalistas rurales y, cuando lo hacen, se recurre a una fórmula conocida: estudiantes revoltosos, jóvenes holgazanes, instituciones que pertenecen al mundo de ayer”.

A juzgar por la actitud de una buena parte de la población ante hechos recientes que implican la lucha normalista, desde Ayotzinapa hasta Cañada Honda, estas estrategias han surtido efecto entre la población civil, que se exaspera cuando esta realidad irrumpe en su cotidianidad y no tolera tener noticia de las vejaciones ajenas, quizá por estar tan preocupada en las propias. La falta de empatía de oprimido a oprimido es uno de los grandes éxitos de esta estructura basada en la eficacia aséptica y el desdén ante todo lo que tenga tufo humanista. Si de por sí la precarización del trabajo docente es trabajada con ahínco por un sistema que no escatima en idealizar y golpear a la docencia simultáneamente, simulando una apertura a la toma de decisiones que en realidad es un disfraz para imposiciones arbitrarias y fomentando una vigilancia estricta y desconfiada a la labor docente, para las escuelas normales rurales todo se complica con la negación sistemática a cumplir sus estatutos y la invisibilización de sus condiciones.

Después de muchos días de protesta y tras la visibilización del contexto en el que ésta se estaba dando, las normalistas de Cañada Honda llegaron a un acuerdo con el Instituto de Educación de Aguascalientes el pasado 9 de junio en el que ellas se comprometen a dejar de realizar prácticas abusivas a propósito de las “novatadas” a alumnas de nuevo ingreso, a cambio de que la escuela siga siendo de mujeres y que no se reduzca la matrícula. Lo que nos queda a todos por pensar es el costo de estos acuerdos: la protesta pública, indispensable para hacerse oír, fue sometida a una campaña de criminalización que recuerda la voz de Díaz Ordaz, de Bonfil o de Gordillo, pero además se suscitaron varios episodios de violencia perpetrados por la policía y los propios ciudadanos no sólo contra las normalistas de Cañada Honda, sino contra los compañeros de otros estados que fueron a brindarles su apoyo. El saldo no es para vanagloriarse, pero deja claro que las y los alumnos de escuelas normales rurales necesitan de la ciudadanía para ser escuchados y que hace falta conciencia de que necesitamos del normalismo rural si no queremos convertirnos en una sociedad que apoya sistemas educativos excluyentes, mezquinos, y que solapa la manipulación de las garantías individuales, como si en ciertos contextos hubiera que cumplir requisitos para “merecerlas”. No podemos permitirnos ser esa sociedad.

Imagen: “La maestra rural”, de Diego Rivera

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