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“El radiante imperio de la ley”

Por Alejandro Rosas:

Así se refería Francisco I. Madero al estado de derecho que debía construirse como una condición sin la cual era imposible acabar con los vicios políticos de la dictadura porfirista –simulación, impunidad y corrupción. Como es sabido, Madero no llegó a construir algo parecido a un estado de derecho y tampoco logró contagiar a sus partidarios cercanos, a los intelectuales que lo rodearon y a los caudillos que lo siguieron, de la necesidad del respeto a la ley y de su aplicación sin medias tintas.

Al triunfo de la revolución, los nuevos gobernantes desestimaron el estado de derecho y privilegiaron el autoritarismo, la impunidad y la corrupción que, en teoría, habían buscado destruir.

Si el éxito de un país se midiera por su capacidad para redactar la mejor definición de ley, México estaría a la vanguardia de las naciones del orbe. A lo largo de 200 años no han faltado grandes y elocuentes expresiones para definirla, siempre con la intención de encauzar, de dirigir, de organizar al país e invariablemente en todo momento con la misma retórica: para beneficio del pueblo.

En Los sentimientos de la nación ­–documento que daría origen a la Constitución de Apatzingán de 1814–, José María Morelos señaló que “como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

Era una definición clara y sencilla, no sustentada en grandes teorías jurídicas; partía de la realidad del momento y del sentido común para interpretar las circunstancias. El tiempo demuestra que hemos sido incapaces de construir un marco legal con esa simplicidad y que la clase política se mueve con mayor comodidad en el terreno de la teoría que en el de los hechos concretos.

La mayoría de nuestras leyes lejos están de ser “sabias y justas” –otra expresión utilizada a lo largo de la historia en el discurso político–. No representan del todo la “expresión de la voluntad general”, han sido creadas a medias, con ambigüedades y vaguedades, a la medida de las necesidades de los grupos en el poder, obedeciendo a la coyuntura del momento, respondiendo a los intereses partidistas o a las negociaciones de dudosa probidad y en muchos casos de manera superficial, como paliativos para remediar una urgencia, no para solucionar un problema.

La mayor parte de los protagonistas de la historia lanzaron su cuarto a espadas y dejaron frases para la posteridad. Quién no aplaudiría con emotividad una definición como la que escribieron los constituyentes de 1814: “La ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común”, o quién pondría en tela de juicio una frase como la expresada en 1929: “Debemos pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de país de un hombre a la nación de instituciones y leyes”. Y sin embargo, al institucionalizar la revolución, Plutarco Elías Calles puso los cimientos del sistema político mexicano en el siglo XX cuya premisa fue la discrecionalidad de la ley.

Bajo la lógica de que “la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y un recto proceder” –así lo expresó Juárez–, no hubo caudillo, político, militar, civil o intelectual que no enarbolara la ley como premisa fundamental para el buen gobierno. De Iturbide a Santa Anna; de Juárez  a Díaz; de Madero a Carranza, hasta Victoriano Huerta, el más célebre de los villanos de la historia nacional, hizo suya la bandera de la ley –incluso la forma como ocupó el poder, si bien fue moralmente reprobable, fue estrictamente legal.

Desde luego, no quedan al margen los presidentes que han ejercido el poder durante el siglo XX y en esta primera década del XXI, y que no se han cansado de repetir: “nadie por encima de la ley”, “aplicaremos todo el peso de la ley”, “actuaremos con la ley en la mano”, “debemos vivir bajo el imperio de la ley”.

La historia demuestra que si bien las clases rectoras entienden la teoría y el significado último de la ley, lo desestiman con cínica indiferencia y en el mejor de los casos transforman su espíritu en bandera política. Con demagógico entusiasmo, el poder legislativo y el poder ejecutivo hablan de la ley, la defienden con vehemencia, se envuelven en la bandera de la legalidad pero son incapaces de observarla. México tiene un amplio pero ineficiente marco jurídico; pareciera que hay una obsesión por crear leyes ineficaces y susceptibles de ser violadas –gran ironía–, siempre dentro del marco de las mismas.

La aplicación de la ley en México se basa en la discrecionalidad. Es un continuo histórico. Las leyes mexicanas no sólo han sido creadas para buscar el bien común, también han servido para ejecutar venganzas personales, cumplir los caprichos del poder, perseguir. Distintos regímenes las aplicaron con eficacia para suprimir a sus enemigos, para controlar, para mantener el orden, pero las ignoraron si de privilegiar sus intereses se trataba.

La ley, que debe ser general e igual para todos –de acuerdo con el principio básico del liberalismo político–, en muchos casos ha sido hecha a la medida del grupo que tiene la mayoría para aprobarla, lo cual termina por beneficiar a una minoría.

El sistema político surgido de la revolución perfeccionó los mecanismos porfiristas e hizo de la aplicación de la ley una simulación permanente, llegando incluso a utilizarla como instrumento para someter a los actores potencialmente peligrosos para su permanencia en el poder o que a su juicio ponían en riesgo la estabilidad, y revistió con ropajes de legalidad la represión.

En octubre de 1941, durante la segunda guerra mundial, el artículo 145 del Código Penal fue reformado y se integró un nuevo delito: “disolución social”. Como era natural, su definición era ambigua, así que cabían todo tipo de conductas. Incurrían en él, el extranjero o nacional mexicano que realizara propaganda política, defendiendo “ideas, programas o normas de acción” de cualquier gobierno extranjero que perturbaran el orden público o pusieran en riesgo la soberanía de la nación. Por entonces, nadie puso reparos, porque el nuevo delito respondía a la situación bélica que vivía el mundo y a la cual México no era ajeno.

Terminada la guerra, el sistema político utilizó el delito de disolución social para aniquilar a los movimientos opositores. La mayor parte de los líderes obreros encarcelados en los sexenios de Alemán, Ruiz Cortines y López Mateos, así como los estudiantes presos durante el periodo presidencial de Díaz Ordaz fueron juzgados por bajo este delito –de ahí que el pliego petitorio de los jóvenes en el movimiento del 68 contemplara su derogación.

La transición democrática, con la consabida alternancia presidencial no eliminó estos vicios. México vive, o sobrevive, alejado de un estado de derecho sólido, consolidado y reconocido por toda la sociedad.

Frente a los acontecimientos de Ayotzinapa, frente a los atisbos de violencia que se han desatado enarbolando la causa de los 43 estudiantes desaparecidos quedó demostrado, una vez más, que el país necesita con urgencia encauzarse dentro del ámbito de la ley y la aplicación de la justicia –igual para todos–. La otra alternativa es la violencia generalizada.

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