Por Bardem Reyes:
La más reciente aprehensión de Joaquín Guzmán Loera ha puesto en evidencia, una vez más, la poca seriedad de la prensa mexicana y la volubilidad de su público. Desde las pantallas de televisión hasta las páginas editoriales, asistimos a una polarización de opiniones que transitan del escepticismo a la ferocidad inquisidora.
Hay quienes afirman que la captura es una puesta en escena articulada por el gobierno federal, con el objetivo de distraer a la población de los problemas más urgentes que enfrenta el país. Otros se han referido como criminales a Sean Penn y Kate del Castillo después de conocerse las conversaciones que mantuvieron con el prófugo, dando una clara muestra de la ligereza con que se emplean términos como “complicidad” y “encubrimiento” en el argot periodístico; pues si nos atenemos estrictamente al ámbito jurídico, nuestra legislación considera que los particulares tienen derecho a hacer todo lo que la ley no les prohíba. Por ende, si los actores decidieron reunirse con el capo no cometieron ningún delito ni son merecedores de sanción alguna.
Ejemplos como los anteriores confirman la tendencia amarillista de los medios de comunicación y el endeble criterio de sus consumidores, aun cuando hay voces críticas que se esfuerzan por convocar a la mesura y a la ecuanimidad. Sin embargo, la vorágine noticiosa que ha generado “el Chapo” ha hecho tropezar incluso a los más sensatos analistas, muchos de los cuales se han dejado llevar por la inercia y el sensacionalismo. Tanto así, que los espacios informativos dedicaron sus esfuerzos a cuestionar la metodología y el rigor de la entrevista que publicó la revista Rolling Stone. Lo más alarmante del caso es que se ha optado por banalizar el arresto de uno de los criminales más peligrosos del mundo y se ha preferido señalar la impericia narrativa de Penn y del Castillo. A este respecto, habría que precisar que si estamos dispuestos a aceptar a los mejores exponentes del periodismo y a criticar a los peores, debemos aceptar también que ambas posibilidades, por antitéticas que sean, forman parte de un derecho inalienable que las civilizaciones occidentales comparten: el de la libertad de expresión.
Desde mi punto de vista, hay aspectos de mayor relevancia sobre el propio “Chapo” y su proceso penal que es necesario analizar. Mis primeros recuerdos de Guzmán Loera se remontan a mayo de 1993, mes en que ganó visibilidad gracias al sonado asesinato del cardenal Posadas Ocampo, pues el procurador Carpizo aseguró que el verdadero blanco del atentado era el líder del Cártel de Sinaloa. Aunque fue capturado por primera vez a unas semanas de ese acontecimiento, la fama del narcotraficante siguió en aumento hasta que consumó su primera fuga del Penal de Puente Grande en enero de 2001.
Después de su segunda captura y los sucesos caricaturescos que acaecieron tras su nueva huida del Altiplano a través de un túnel, de sus intentos fallidos por incursionar en la farándula y de un tercer arresto; podemos contabilizar más de dos décadas sin que el gobierno mexicano declare si hay una sentencia condenatoria que, al día de hoy, Guzmán deba purgar. ¿Por qué entonces la prensa ha preferido explotar el poderío icónico de un personaje y no cuestionar los oscuros procedimientos del poder judicial?
Por último, quiero llamar la atención sobre un hecho que ha pasado desapercibido en la gran mayoría de los medios de información a mi alcance. Desde el anuncio presidencial del reciente operativo en que se detuvo a Guzmán, las propias autoridades han favorecido y legitimado la filtración de datos e incidentes que conforman la indagatoria, alimentando el apetito maniqueo del cuarto poder al tiempo que cometen una flagrante violación al debido proceso. Ojalá nuestros mandatarios recobren la memoria o podríamos enfrentar un nuevo caso Caro Quintero.
