La obtención del doctorado en Derecho representa la culminación de toda una vida dedicada al estudio, al trabajo intelectual y a la investigación. Sin embargo, ha habido algunos momentos en la vida de nuestra Universidad en los que, en un afán por promover la especialización y la profundización en diversas instancias del saber; se ha otorgado el grado de Doctor a personalidades ampliamente reconocidas dentro y fuera de los ámbitos académicos.
En el marco de la inauguración de la Universidad Nacional, según acuerdo del presidente Porfirio Díaz, con fecha 12 de septiembre de 1910, se llevo a cabo por primera vez en la historia de nuestra escuela el nombramiento de doctores ex officio. En dicha ocasión, obtuvieron el grado los juristas don Pablo Macedo y González Saravia, don Miguel Macedo y González Saravia, don Joaquín Demetrio Casasús González, don Joaquín Eguía Lis, don Rafael Ortega Pérez Gallardo, don Julio García López y don Emilio Pardo Aspe. En un segundo nombramiento efectuado el 26 de octubre de 1910, por acuerdo del rector, también fueron reconocidos don Justo Sierra Méndez y don Ezequiel A. Chávez.
La implantación del doctorado en Derecho en nuestra Facultad fue precedida por diversos proyectos elaborados por diferentes juristas afamados, entre quienes figuraron el licenciado Luis Sánchez Panton, el doctor español José Urbano Guerrero, el maestro Mario de la Cueva, el doctor Joaquín Rodríguez y Rodríguez, el maestro Alberto Trueba Urbina y el doctor Manuel Pedroso, entre otros.
El referido grado académico se estableció en el Estatuto del Doctorado en Derecho con fecha 3 de mayo de 1949, aprobado por el H. Consejo Técnico el 29 de abril del mismo año. Incumbió su expedición al Consejo Universitario el 7 de octubre de 1949. La ceremonia de inauguración de los cursos doctorales tuvo lugar el 10 de abril de 1950 mediante un solemne acto que se situó en la Biblioteca Antonio Caso de la Escuela Nacionalde Jurisprudencia. La ceremonia fue presidida por el entonces rector don Luis Garrido, el maestro y director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en turno, don José Castillo Larrañaga; el maestro don Juan José González Bustamante, quien fuera Secretario General de la UNAM; el maestro don Manuel Gual Vidal, Secretario de Educación, y otros célebres personajes del ambiente político y de la Administración Pública.
El artículo 1 transitorio de dicho Estatuto estableció el doctorado ex officio al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al Director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hubiesen sido catedráticos por más de cinco años en la Escuela Nacionalde Jurisprudencia; a los profesores de carrera que hubiesen publicado trabajos jurídicos de mérito y a los profesores de la propia Escuela con un mínimo de cinco años de docencia y que hubiesen sido autores de obras o estudios jurídicos anteriores a la promulgación del multicitado Estatuto.
A cargo del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Jurisprudencia estuvo el nombramiento individualizado de quienes tuviesen el derecho de recibirlo según la disposición transitoria invocada.
El doctor don Lucio Mendieta y Núñez, en su importante obra Historia de la Facultad de Derecho, hace mención de las personas que fueron honradas con el título de doctor ex officio, en los siguientes términos:
16. Doctores ex officio.- Una vez reestablecido el doctorado en Derecho mediante la aprobación del reglamento respectivo por el Consejo Universitario, se procedió a otorgar el grado sin los requisitos de previos estudios especiales, tesis y examen, a las personas que el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho consideró comprendidas en las disposiciones correspondientes del precitado reglamento y al efecto, se hizo la designación y entrega del pergamino que los acreditó como Doctores en Derecho ex officio, a las siguientes personas: Lic. Luis Garrido, Rector de la Universidad Nacional; Lic. Juan José González Bustamante, Secretario General de la Universidad; Lic. José Castillo Larrañaga, Director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia; Lic. Eduardo García Máynez; Lic. Gabriel García Rojas; Lic. Mario de la Cueva; Lic. Roberto A. Esteva Ruiz; Lic. Francisco González de la Vega; Lic. Raúl Carrancá Trujillo; Lic. Eduardo Pallares; Lic. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo; Lic. Lucio Mendieta y Núñez; Lic. Alberto Trueba Urbina; Lic. Javier de Cervantes y Anaya.; Lic. Rafael de Pina; Lic. Felipe Sánchez Román; Lic.Antonio Martínez Báez; Lic. Salvador Azuela; Lic. Mariano Ruiz Funes; Lic. Gabino Fraga; Lic. Antonio Carrillo Flores; Lic. Carlos Sánchez Mejorada; Lic.Octavio Véjar Vázquez; Lic. Manuel J. Sierra; Lic. Eduardo Suárez; Lic. José María Gurría U.; Lic. Manuel Borja Soriano; Lic. Manuel Gual Vidal; Lic. Mariano Azuela; Lic. Servando J. Garza; Lic. L. F. Canudas Oreas; Lic. Andrés Serra Rojas; Lic. Vicente Peniche López; Lic. Alfonso Noriega Jr.; Lic. Raúl Cervantes Ahumada; Lic. José Ángel Ceniceros; Lic. Carlos Franco Sodi; Lic. Mario Sousa; Lic. Trinidad García; Lic. José de Jesús Ledesma; Lic. Roberto L. Mantilla Molina.
Esta primera designación de doctores ex officio se hizo con el propósito de resolver el problema de la integración del cuadro de profesores que deberían servir las cátedras del doctorado; pero como algunos de los nombrados con este objeto no pudieron hacerse cargo, desde luego, de dichas cátedras, por estar ocupando puestos políticos o por otros motivos, fue necesario hacer una segunda selección para atender, además, a quienes considerándose comprendidos en las disposiciones relativas del reglamento, solicitaron que se les graduara sin exigírseles los requisitos previos del caso.
Correspondió el grado de doctores ex officio en una segunda designación a las siguientes personas: Lic. José Alcázar A.; Lic. Mariano Alcocer; Lic. Manuel Borja S.; Lic. Ricardo García Villalobos; Lic. Alfonso Herrera Gutiérrez; Lic. Ignacio Medina Jr.; Lic. José Rivera Pérez Campos; Lic. Manuel Rivera Silva; Lic. Rafael Rojina Villegas; Lic. Manuel Vera Rivera.
17. Los profesores del doctorado.- El cuadro de profesores del doctorado se integró con las materias que en seguida se expresan:
Dr. Eduardo García Máynez. Estudios Superiores de Filosofía del Derecho.
Dr. Gabriel García Rojas. Estudios Superiores de Filosofía del Derecho.
Dr. Mario de la Cueva. Estudios Superiores de Derecho Público.
Dr. Roberto A. Esteva Ruiz. Estudios Superiores de Derecho Privado.
Dr. Eduardo Pallares. Estudios Superiores de Derecho Procesal.
Dr. Niceto Alcalá-Zamora. Estudios Superiores de Derecho Procesal.
Dr. Alberto Trueba Urbina. Estudios Superiores de Derecho Social.
Dr. Javier de Cervantes. Historia del Pensamiento Jurídico Mexicano.
Dr. Rafael de Pina. Estudios Superiores de Metodología del Derecho.
Dr. Felipe Sánchez Román. Derecho Comparado.
Dr. Gabino Fraga. Derecho Administrativo.
Dr. Octavio Véjar Vázquez. Derecho Aéreo.
Dr. Eduardo Suárez. Derecho Marítimo.
Dr. Raúl Carrancá y Trujillo. Estudios Superiores del Derecho Penal.
Dr. Salvador Azuela. Estudios Superiores del Derecho Constitucional Mexicano.
Dr. Juan José González Bustamante. Criminología.
Dr. Carlos Sánchez Mejorada. Derecho Minero.
Dr. Raúl Cervantes Ahumada. Sociedades Mercantiles y Quiebras.
Dr. Ernesto Flores Zavala. Legislación fiscal.
Las doctoraciones ex officio aludidas provocaron una interesante polémica entre diversos tratadistas y juristas de renombre, tales como los maestros Virgilio Domínguez, Lucio Mendieta y Núñez, Eduardo Pallares y Rafael Rojo de la Vega, misma que se desarrolló desde septiembre de 1950, habiendo sido el diario El Universal el encargado de publicar los puntos de vista de los polemistas.
El único doctorado sin validez frente a los programas de estudio, es el doctorado Honoris Causa; mismo que se estableció con el afán de rendir homenaje a los grandes universitarios. Pueden recibirlo, en términos del artículo tercero del REGLAMENTO DEL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO UNIVERSITARIO “…los profesores o investigadores mexicanos o extranjeros con méritos excepcionales, por sus contribuciones a la pedagogía, a las artes, a las letras o a las ciencias, o a quienes hayan realizado una labor de extraordinario valor para el mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la humanidad”. Para efectos de la selección de los candidatos a obtenerlo, el artículo cuarto del reglamento anteriormente citado establece: “El Rector de la Universidad es el único facultado para proponer al Consejo Universitario el otorgamiento del doctorado Honoris Causa. El Consejo otorgará el grado de Doctor Honoris Causa, por votación favorable de no menos de las dos terceras partes de sus miembros, reunidos en sesión extraordinaria para ese único fin”.
Los abogados que han sido distinguidos con este grado son:
De 1910 a 1920: Don Justo Sierra Méndez; don Ezequiel A. Chávez; don Rafael Altamira y Crevea; y don José Yves Limantour.
De 1922 a 1940: Don Alfonso Caso Andrade; don Antonio Caso Andrade y don Vicente Lombardo Toledano.
De 1942 a 1951: don Mario de la Cueva y de la Rosa; don Isidro Fabela Alfaro; don Alfonso Reyes Ochoa; y don José Vasconcelos Calderón.
De 1951 a 1953: Don Antonio Castro Leal y don José Gaos y González Pola.
De 1953 a 1978: don Eduardo García Máynez.
De 1978 a 1985: don Alfonso Noriega Cantú; don Andrés Serra Rojas y don Alejandro Gómez Arias.
De 1985 a 1996: Don Rubén Bonifaz Nuño.
