Por Bvlxp:
Había mil quinientas sillas ocupadas en el auditorio del Claustro de Sor Juana donde se presentó el último informe sobre la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el Caso Iguala menos tres. Tres ausencias que delatan el fracaso del así llamado grupo de expertos. Los tres encargados principales de los derechos humanos en México no respaldaban con su presencia la labor desplegada por el GIEI en el último año. Ahí no estaban ni Eber Betanzos, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, ni Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Aunque se equivoquen, los malpensantes podrían decir que estas dos ausencias eran naturales e incluso esperables. Bien, la tercera ausencia es la realmente delatora y la que habla mucho peor del GIEI que los cientos de opiniones periodísticas cuestionando su labor: ahí no estaba Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Si el GIEI hubiera hecho la labor para la que fue traído por el Gobierno de México, si hubiera sido serio, riguroso e imparcial, quizá no hubiera habido un informe final en 2016 sino en 2017 o en 2018 o la presentación de este informe final hubiera sido acompañada por los representantes más altos del Estado Mexicano en materia de derechos humanos. El GIEI fue contratado para coadyuvar en una investigación; en cambio, sus miembros prefirieron jugar a la revolución y querer sembrar la semilla de la insurrección. Cualquier comisión de expertos internacionales debe reunir ciertas características básicas: profesionalismo, seriedad, bajo perfil mediático, rigor científico y/o técnico, e imparcialidad. En vez de esto, el GIEI optó por traicionar su mandato y convertirse en una fiscalía ex parte de los padres de los normalistas asesinados a manos del crimen organizado.
El secuestro, asesinato y posterior desaparición de los cuerpos de los jóvenes normalistas es sin duda la culminación de la crisis de derechos humanos que vive México que fue posible por la connivencia de autoridades municipales, y quizá estatales, de extracción perredista y, más concretamente, lopezobradorista. El Gobierno Federal, sin responsabilidad activa pero profundamente golpeado políticamente por los hechos, es el primer interesado en tener una investigación sólida del caso, que los responsables sean castigados y aprender de este episodio terrible en la historia contemporánea de nuestro país. Con eso en mente, en un hecho sin precedentes en la historia de México, es que trajo al GIEI, para coadyuvar en las investigaciones, para tender un lazo con la sociedad civil, empezando con los padres de los normalistas asesinados. El vacío en el acto del domingo es una señal de que los expertos de la CIDH no cumplieron, que no coadyuvaron en la solución de la investigación, que le fallaron a la gente que más confiaba en ellos: los padres deudos. Los del GIEI vinieron a otra cosa, vinieron con una agenda muy clara impulsada por las aspiraciones presidenciales de Emilio Álvarez Icaza: abrir la puerta a que en México se instalara una comisión internacional, a la manera de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que investiga casos de corrupción en ese país y que ha resultado en la renuncia, entre otros, del Presidente Otto Pérez Molina. Excepto que, para bien de todos, México no es Guatemala y la administración del Presidente Peña Nieto obstaculizó, no los esfuerzos investigativos del GIEI como éste acusa con malicia, sino su franca intentona golpista alimentada por la venia antimilitarista de los miembros del GIEI y su cercanía con grupos antisistémicos.
La presentación del informe final del GIEI estuvo plagada de “no tenemos las pruebas pero estamos seguros que…”, “nosotros creemos que”, “nos hubiera gustado que tal sucediera”. Es una estampa demoledora de la labor de este grupo que pareciera que no iba en pos de la verdad sino para comprobar las tesis de los grupos antisistémicos detrás de los normalistas y sus padres. En ese sentido, no puede decirse que el grupo de expertos (en lo que sea que sean) era independiente y para comprobarlo sólo hace falta echar un vistazo a la cuenta @GEIEAYOTZINAPA en Twitter o buscar las declaraciones de sus miembros en la prensa.
Al GIEI no se le contrató para hacer conjeturas sino para dar certezas, no se le contrató para cuestionar a la autoridad ministerial mexicana sino para auxiliar su labor, no se le contrató para erigirse en un tribunal supranacional que pretendiera hacer interrogatorios ilegales a las fuerzas armadas excediendo su mandato, sino, en fin, para ofrecer certezas, no para sembrar dudas. Idos los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos quedamos con puras dudas y casi ninguna certeza, pero con la semilla de la discordia plantada.
Además de algunas recomendaciones tan generales y obvias que podrían ser sacadas de cualquier lado y aplicables al sistema de impartición de justicia de cualquier país tercermundista, la labor del GIEI en México deja pocos resultados positivos y que no dependen tanto de sus miembros como de la instalación en sí de un grupo de esta naturaleza: el poner la atención en las investigaciones y mantener el caso vivo y avanzando. No es poco pero tampoco es gracias al talento de sus miembros. Detrás de sí, el GIEI deja una estela de verdades a medias cuando no de descaradas mentiras, de muestras estrambóticas de falta de profesionalismo y cinismo como su “peritaje” y conclusiones sobre el basurero de Cocula, de chantajes como achacar su falta de resultados concretos a que no se haya renovado su mandato. Al final, para despistar sobre su incompetencia, el GIEI se marcha de México dejando más que una investigación, una teoría de la conspiración. Nadie medianamente serio, como el Presidente de la CNDH, los va a extrañar.
