Por Frank Lozano:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso legislar en materia de regulación de la propaganda gubernamental. Los gobiernos han hecho del derecho a la información un mecanismo de control tanto de los medios como, indirectamente, de las audiencias.
En nuestro país, el modelo de comunicación predilecto de los gobiernos es el dinero. Solamente el gobierno federal ha gastado a lo largo del sexenio alrededor de 38 mil millones de pesos en promover su imagen. Los gobiernos tienen la obligación de informar y rendir cuentas, pero cuando en aras de esa obligación se convierte el presupuesto en un mecanismo para premiar o castigar medios, se pasa de la información a la manipulación.
Los datos de los porcentajes de dinero dados a unos medios en particular sobre otros, revela no solo un favoritismo hacia las dos empresas de comunicación más grandes del país, sino los pactos que hay entre las empresas y los actores políticos para servir como instrumentos del poder.
El caso emblemático es el de nuestro actual presidente. Desde que fue gobernador en el Estado de México, resultaba muy obvia la colusión con Televisa, para irle dando una narrativa y un posicionamiento especial a Peña Nieto. Cada día de su mandato, su gestión tuvo un tratamiento especial en el noticiero de López Dóriga.
Televisa construyó la imagen y la narrativa de Peña Nieto y a la postre, hasta una esposa le dio. Si bien la medida pareciera solamente atender la mala práctica del derroche económico que significa publicitar anuncios huecos, exhibe también la falta de ética que priva en el ámbito de las empresas mediáticas.
La transición política no logró alterar la relación del poder con los monopolios de comunicación. Hubo alternancia de partidos y de actores en el poder, pero la alianza entre la política, el dinero y los medios se mantuvo intocada.
La resolución de la Suprema Corte adquiere carácter histórico precisamente porque atiende uno de los temas pendientes en términos de consolidación democrática y del cambio de régimen. En el barco de los damnificados, estarán una vez más Televisa, que pasa por una de las peores crisis de su historia, así como Televisión Azteca.
Y ojo, hay que decirlo, esto no surgió de la visión, ni de la voluntad de los partidos, fue la organización Artículo 19 quienes no bajaron los brazos y dieron la batalla legal para obligar al congreso, y especialmente al PRI, a concluir el proceso iniciado en el año 2014.
A partir del próximo año, los gobiernos tendrán que reinventar la forma en la que informan y la manera en que comunican. Los ciudadanos, más que spots, necesitan información de calidad. La presencia de los gobiernos no se puede dar a golpes de percepción. Las nuevas reglas obligarán a tener una nueva relación y sobre todo, a modalidades distintas de interacción que pongan en el centro de los modelos de comunicación la información, más que la propaganda.
Por otra parte, de algo puede estar tranquilo Peña Nieto: él solito seguirá dándose publicidad gratuita. Sus tropiezos, los escándalos de su gobierno, los casos de corrupción, el encubrimiento de sus colaboradores, las dagas de los gobernantes de su partido y una larguísima lista de torpezas le garantizan infinitas horas de exposición y de merecido bullying.
